Es comprensible que el Gobierno haya excluido del Presupuesto Nacional a la mayor parte de aquellas organizaciones no gubernamentales que lo único que hacían era levantar capital político para sus dueños o regentes.

El erario no está, y no ha debido estar jamás, para financiar actividades que no tengan una verdadera repercusión en términos sociales, de servicio a la comunidad.

Pero es difícil comprender que en aras de promover ahorro y hacer un uso más práctico y racional de los dineros del erario, el Gobierno haya afectado también a entidades de indiscutible peso en términos de servicios a la comunidad.

Ese es el caso del Instituto de Dermatología y Cirugía de la Piel Doctor Heriberto Pieter, que ha quedado estancado en un déficit anual de RD$8 millones porque el Gobierno no aumentó la asignación de RD$21.5 millones que le tiene fijada.

Tampoco podría encontrar justificación que la Sociedad Dominicana de Rehabilitación tenga que arreglárselas este año con RD$10 millones, a pesar de haber solicitado RD$27 millones.

En la misma condición de precariedad han sido puestos el Instituto de Oncología Doctor Heriberto Pieter, al serle asignada una partida de RD$13 millones, a pesar de haber solicitado RD$72 millones, y el Instituto de Ayuda al Sordo, al que también se le ha recortado su asignación.

-II-

Los recortes al Presupuesto Nacional también han afectado a otras entidades de servicio social de bien ganado prestigio. Ese es el caso, por ejemplo, de Hogares Crea y Casa Abierta, ambas dedicadas a la rehabilitación de drogadictos.

En cada uno de los casos se trata de que han sido sumidas en la precariedad entidades con una demanda de servicio en constante crecimiento. Cada día es mayor el número de personas que acude al Dermatológico, a Rehabilitación y al Oncológico y cada día aumenta la necesidad de recursos económicos,

En el caso de las entidades que rehabilitan adictos a las drogas estos recortes se presentan justamente cuando cobra nivel de escándalo el número de niños involucrados en asuntos de drogas, incluyendo, por supuesto, adicción.

En todo esto existe un contrasentido, pues se entiende que el Gobierno debería fortalecer los programas de asistencia social destinados a los pobres, que son los que, precisamente, soportan la parte más dura de los embates de la reforma o rectificación social. Ese fortalecimiento se logra asignando los recursos necesarios a quienes han probado que sí justifican con trabajo cada peso recibido.

Creemos que el Gobierno está en el deber de revisar los criterios en que está basado su plan de austeridad y de uso racional de los fondos públicos, porque evidentemente ha errado el tiro en materia de política social. Quizás los ingresos extraordinarios que provendrán del freno de la evasión que se logrará a  través del Número de Comprobante Fiscal permita reajustar algunas partidas.