El país podría estar pasando los límites de lo prudente al permitir que la deuda del sector público y el déficit del sector público consolidado sumen el 48% del PIB. En la evaluación más reciente de la economía dominicana, la misión del FMI que visitó el país ha encontrado signos que deberían motivar rectificaciones. La deuda externa, por ejemplo, ha crecido en las mismas proporciones que el endeudamiento. El Gobierno siempre dice que son situaciones manejables, pero nunca habla del costo de lograrlo.

Las potencias económicas manejan estas situaciones en base a la capacidad de su estructura productiva. Nosotros no podemos hacer lo mismo pero andamos muy por lo alto en cuanto a endeudamiento y el costo de esto es que servicio y capital de la deuda frena la capacidad de acción del Gobierno y tenemos que recurrir a más empréstitos.

Para colmo, las distorsiones en materia fiscal, con exenciones que resultan contraproducentes y un gasto público cualitativamente mal orientado, provocan situaciones indeseables. Quienes más tienen no son los que más tributan y la injusticia fiscal penaliza a los más débiles. El país tiene una economía que fomenta la inequidad y tenemos que dar los pasos para reorientar la carga tributaria, mejorar la calidad del gasto público y resistir la seducción del crédito. El Gobierno tiene que vencer el miedo a los costos políticos de una rectificación.

RECORTES EN LUCHA ANTIDROGAS

El Congreso de los Estados Unidos, país que frecuentemente exige a nuestras naciones mayor cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas, obliga al Gobierno de ese país a hacer recortes sustanciales en sus capítulos de respaldo para estos menesteres. Es preocupante que el principal mercado de destino de la droga que se trafica en la región haya decidido una medida de esta envergadura. La naturaleza del negocio de las drogas y el dinero que mueve este negocio hace que combatirlo resulte altamente costoso para países como el nuestro.

Los sectores de poder estadounidenses deberían meditar sobre estos pasos. Muchos países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, son puntos intermedios del tráfico de drogas, y como tales, necesitan mantener una lucha constante contra el trasiego de sustancias ilícitas y el lavado de activos. Reducir la persecución no es aconsejable.