Dejando de lado las mezquindades que normalmente nos adornan a los seres humanos, podremos reconocer que la decisión del Presidente Medina de revocar la medida de legalizar lo ilegal en Bahía de las Águilas, no solo ha sido una decisión sabia,  sino valiente. Ha actuado con entereza y voluntad política. Poco ha importado haber vulnerado los intereses espúreos de personas ricas y poderosas, pero cuestionables. Ya no será “Bahía de los Buitres”.

Estos robos perpetrados por personas que debían estar purgando penas, ha sido una vergüenza para nuestra sociedad y muy en especial para nuestra lenta justicia. Ojalá ésta se reivindique y otorgue el espaldarazo necesario para finiquitar esa insólita Litis de dieciséis años.

Cierto es que el problema comenzó con el Decreto 273-01, emitido por Hipólito Mejía, declarando esos terrenos de utilidad pública. Fue un mal comienzo, pues la ley de expropiación es clara. Con ese Decreto se  violó la Ley 344 sobre expropiaciones  ya que  el mismo no habría perseguido un fin de utilidad pública, sino un fin comercial privado. El Estado no puede expropiar un bien privado supuestamente para beneficiar a la comunidad y luego traspasarlo a otro sector privado diferente. Ese Decreto bien pudo ser declarado inconstitucional.

Ese fraude y casi despojo al  Estado nos extrapola a la Barrick Gold, que, a pesar firmar un contrato leonino con el Estado con visos de legalidad, pero injusto, jamás podría ser considerarse como legal, porque no hay mayor legalidad que el legítimo derecho que tiene el Estado sobre sus riquezas.

El Presidente Medina, para bien del pueblo dominicano, ha sido enfático en su discurso del 27 de febrero en defender los derechos sobre nuestro oro; aún así, les ofreció negociar.

El Gobierno debería nombrar tres comisiones. La primera sería la Comisión negociadora con los ejecutivos de la Barrick. La segunda, supervisaría la cantidad, calidad y clases de minerales extraídospara conocer lo que se están llevando y además para saber la cantidad de impuestos a pagar. La tercera comisión sería la de técnicos calificados que estarían velando por la conservación del medio ambiente.

Estas comisiones deberán estar compuestas por personas de reconocida honestidad que resistan las tentaciones del acostumbrado soborno y, por supuesto, de la absoluta confianza del Presidente de la República.

Los de la  Comisión negociadora no pueden ser novatos sino negociadores experimentados; y deben conocer con quién van a negociar.

Según publicaciones, el Presidente de la Barrick, como Embajador norteamericano en Bolivia no dudó en pedir a los bolivianos desde Chimoré que no votaran por Evo Morales en las elecciones, amenazando con la suspensión de la ayuda estadounidense a Bolivia en el eventual triunfo del MAS.

Aquí dijo que la empresa que dirige tiene las limitaciones que les impusieron sus financiadores; pero esos compromisos bien podría asumirlos otra empresa o el propio Estado.

 Poco importa si la onza de oro vale treinta pesos o mil dólares; lo que es abusivo y criminal es lo desproporcionado de las ganancias de un 3% para el Estado y 97% para los inversionistas. Cabría preguntar: ¿Quién tiene más derecho, el que viene a invertir con dinero prestado o el dueño del oro?

Con justeza dijo el Presidente que si la Barrick no accede negociar enviaría un proyecto de Ley para cobrar unos impuestos especiales.

Otra solución no contemplada consiste en la expropiación pura y simple o indemnizada. En Bolivia y Venezuela se han hecho expropiaciones quizás en demasía y no ha pasado nada. Si aquí se hace, tampoco pasará nada. Esta sí sería una verdadera expropiación de utilidad pública.