Recuento inacabado

Recuento inacabado

El acaso del 1978 retumbaba. Aquella transformación postergada durante tanto tiempo ocurría. Atónita, la comunidad jurídica recibió el regalo. Las incontables jornadas de discusión, la convocatoria a los juristas franceses para avalar la necesidad de cambios, el interés de las Escuelas de Derecho, entonces comprometidas con la investigación, tuvo resultado. El mayor compendio de reformas legales para transformar la condición de minusvalía de la mujer casada estaba en la ley 855.
Desaparecía el concepto “jefe de familia”, la patria potestad pasó del reinado masculino al igualitario. La residencia común de los cónyuges, que antes elegía, decidía el marido, se convierte en decisión de la pareja. Releer avala el absurdo, la desvalorización y el perjuicio. Es la “Ley 855 que modifica varios artículos y capítulos del Código Civil”, que permite a la mujer ser testigo en todos los actos instrumentados por notarios públicos, oficiales del estado civil y “todos los oficiales públicos y ministeriales en las mismas condiciones y con sujeción a las mismas restricciones y prohibiciones que el hombre.” A partir de la promulgación de la ley mencionada la mujer casada puede abrir una cuenta corriente o de ahorro, ejercer una profesión, enajenar sus bienes personales, sin el consentimiento del marido.
Algo comenzó a cambiar, otro de los misterios balaguerianos, travesuras hijas de su dominio y del conocimiento de la sociedad dominicana, del colectivo que creció a su lado y del otro forjado a su imagen y semejanza. Tal y como resultó incomprensible para los muchachos de la Central General de Trabajadores -CGT- que el régimen permitiera la celebración del “Primer Encuentro Internacional de la Nueva Canción” -7 Días con el Pueblo- nada más y nada menos que en el 1974, el año de las bayonetas con pañoletas colorás, la Ley 855 sorprendió. Licelott Marte Hoffiz, feminista, pertinaz, contaba orgullosa, cómo persuadió a su mentor, amigo y líder. Faltaban días para concluir el mandato, para finalizar aquellos 12 años y el presidente Joaquín Balaguer, convencido por ella de la pertinencia del texto, firmó el decreto, el 22 de julio 1978.
Todavía no estaba resuelto el atasco jurídico que producía el concubinato y sus consecuencias. Regía la reprobación social a las uniones consensuales, esos concubinatos públicos y notorios que agraviaban las buenas costumbres y afectaban patrimonios.
El derecho privado se transformaba, pero en el derecho público persistía el oprobio. En el Código de Trabajo minoridad y género estaban en el mismo acápite. El Código Penal permaneció intocado, hasta el 1997 pervivió el muestrario de ultrajes. El adulterio como delito y excusa en caso de homicidio, la honestidad de una joven centrada en su condición de virgen. Y, naturalmente, el aborto como crimen. Comenzaba una lectura diferente del derecho penal que provocaba la burla o la descalificación de los detentadores del saber jurídico y también el interés y la aceptación de otros. El pensamiento liberal y subversivo de mujeres emblemáticas e infatigables, se manifestaba de manera constante. La academia servía para la discusión, los programas transmitidos por radio y tv disputaban la presencia de aquellas atrevidas convencidas del derecho a decidir, de mandar en su cuerpo. Memorable la imagen de algunas exhibiendo su embarazo y al mismo tiempo reivindicando el derecho de quienes no querían o no podían conservarlo. Pruebas documentales existen. Desde ensayos en revistas jurídicas propugnando por la despenalización del aborto- Situación Jurídica de la Mujer. Cuadernos Jurídicos. Carmen Imbert Brugal. 1981- los trabajos y participaciones públicas de Margarita Cordero, la irrupción del Centro de Investigación para la Acción Femenina-CIPAF-, las investigaciones pioneras realizadas por Denise Paiewonsky, una auspiciada por CIPAF -1988-, otra por el Instituto de Población y Desarrollo -IEPD- 1995- que permitían con cifras y razones entender el absurdo de una penalización. El tema hoy resulta agobiante, la discusión una antigualla reiterativa sin innovación conceptual. El protagonismo de agencia, la militancia de ocasión encandila, pero no vence. El desconocimiento conspira. Hay profusión de argumentos, de antecedentes para enfrentar la manipulación y el insulto. Menos plaza pública y más indagación permitirían el éxito.

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