Hace pocos días hubo elecciones en el Colegio de Periodistas y lamenté no ir a votar. ¿Cuántos de los más aguerridos promotores de la colegiación habrán ido? Hace un tercio de siglo este tema dividió agriamente a los periodistas dominicanos.

Mi oposición a la colegiación obligatoria de periodistas no resultaba sólo por ser empleado del doctor Germán Ornes. Desde antes, cuando estudiaba en el bachillerato, según narro en mi libro “Diatribas”, estuve en la minoría opuesta a esa obligatoriedad.

 Entre las lecturas obligatorias de las clases de periodismo en el colegio estaba la “Areopagitica” del inglés John Milton, quien en 1644 había argumentado brillantemente en un discurso ante el Parlamento a favor de la eliminación de toda censura o limitación previa a la publicación de cualquier idea, aunque no se oponía al enjuiciamiento posterior de algún impresor o autor que violara la ley o causara daño del cual debiera responder. Es evidente la influencia de Milton en los autores de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el Congreso no podrá legislar creando impedimentos a las libertades de expresión del pensamiento ni de prensa.

El tema siempre me interesó tanto que leí por cuenta propia varias biografías de Oliver Wendell Holmes Jr., el erudito juez de la Suprema Corte, quien en una sentencia judicial en 1919 acuñó la frase “libre mercado de las ideas” al razonar a favor de la desregulación de la prensa.

Otro famoso caso fue el del “The New York Times” que en 1971 demandó ante la Suprema Corte al gobierno, que quería prohibir la publicación de los “Papeles del Pentágono”, documentos robados con secretos sobre la guerra de Vietnam; la sentencia confirmó la jurisprudencia de Holmes sobre la ilegalidad de la censura previa y contra los permisos gubernamentales para el ejercicio del periodismo.

Tras ganar en 1982, el PRD cumplió una promesa electoral y creó mediante la Ley No. 148 el Colegio Dominicano de Periodistas con la obligatoriedad de asociarse para poder ejercer el periodismo. Una sentencia de la Suprema Corte en 1989 declaró la nulidad de esa ley en cuanto a la obligatoriedad de inscripción. El CDP, comoquiera, sigue operando y la mayoría de los periodistas profesionales se ha inscrito. Soy miembro desde 1990. Creo que el tribunal disciplinario encargado de aplicar un código de ética nunca ha condenado a ningún periodista.