POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La apelación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que vele por la limpieza democrática de la próxima elección presidencial es una muestra de la precariedad institucional y la debilidad del arbitraje nacional.

Al mismo tiempo se ratifica que la política nacional es recurrentemente circular, ya que para los comicios del 2004 correspondió al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acudir ante el mismo organismo en términos todavía más dramáticos, pues advertía que era mejor enviar observadores que tropas para restablecer el orden.

El documento entregado esta semana a la representación de la OEA está bastante fundamentado, aunque los denunciantes de ahora cargan la responsabilidad de haber restaurado constitucionalmente el reeleccionismo que en la historia nacional es sinónimo de abuso del poder.

Recurrencia a la OEA

Cuando el PRD acudió esta semana ante la misión de la OEA en Santo Domingo denunciando abusos gubernamentales en la promoción de la reelección del presidente Leonel Fernández, recibió una andanada de críticas, especialmente del sector político gobernante que lo descalifica para quejarse ante el organismo internacional. No faltaron quienes le recriminaran el no haber agotado los mecanismos institucionales dominicanos.

Como la memoria de los políticos suele ser corta, es posible que tanto perredeístas como peledeistas no recordaran que en el 2004 se produjo una apelación similar, sólo que entonces los primeros eran quienes intentaban la reelección con claros indicios de abusos del poder y los que hoy gobiernan y hacen lo mismo estaban en la oposición.

Correspondió al doctor Leonel Fernández, entonces candidato presidencial del PLD, acudir ante la OEA en Washington al finalizar febrero del 2004 para reclamar su mediación en el proceso electoral, fundado en los temores de que el mismo resultara viciado por el desbordamiento del poder en el esfuerzo reeleccionista.

Un cable de la Agencia Francesa de Prensa informó que el doctor Fernández solicitó a la OEA, al Centro Carter y a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) que enviaran misiones de observación a los comicios presidenciales de ese año para evitar un fraude electoral que podría provocar una crisis similar a la de Haití.

En términos dramáticos, el candidato del PLD advirtió que «el costo de los observadores electorales sería menor que el de enviar luego soldados estadounidenses para restaurar el orden en República Dominicana como ha ocurrido en Haití».

Aquella petición fue justificada por la generalidad de la opinión pública ante la desconfianza e incertidumbres que despertaba el afán continuista del entonces presidente Hipólito Mejía, que incluía abusos de recursos y políticas estatales en circunstancias muy adversas a causa de la crisis financiera originada en los fraudes bancarios del 2003. La OEA envió una amplia misión a observar las elecciones presidenciales de mayo del 2004.

Invierten los papeles

El presidente Mejía había abusado de recursos estatales hasta en su mismo partido comprando legisladores y voluntades políticas primero para una reforma constitucional que contradecía el principio perredeista de no reelección, y luego para imponerse como candidato. Se olvidaron los vicios que ha comportado históricamente el reeleccionismo, denunciados entonces por el PLD.

Ahora los papeles aparecen invertidos y el denunciante es el PRD que redescubre la recurrencia a utilizar los recursos y a subordinar las políticas del Estado al interés continuista. Y se han escuchado voces oficialistas que descalifican a los objetores «porque ellos lo hicieron también», lo que implica un reconocimiento de culpabilidad.

El documento entregado esta semana a la OEA denuncia que el presidente Fernández ha recurrido a esquemas carentes de transparencia para incorporar al gobierno a un considerable número de dirigentes y militantes de partidos de oposición para fortalecerse proyecto reeleccionista. Lo acusa de violar la ley de austeridad 497 06 con la creación de más de 40 cargos administrativos.

También denuncia abuso de recursos del Estado en publicidad gubernamental, para promocionar la reelección, con un gasto de mil millones de pesos entre junio del 2006 y junio del 2007. Contiene anexos de publicidad gubernamental con las consignas y la foto de campaña del presidente y su partido.

La denuncia incluye el uso de la sede presidencial y de las inauguraciones de obras para promover el continuismo y de programas sociales estatales para «contrarrestar las actividades proselitistas de los candidatos de la oposición.

Lo que los perredeistas solicitan a la OEA es «mantener una posición de vigilancia sobre el acontecer político dominicano a los fines de que los comicios electorales del 16 de mayo del 2008 sean limpios, diáfanos y transparentes, reflejando la libérrima voluntad popular del pueblo dominicano».

La petición se fundamenta en la Carta Democrática Interamericana, suscrita en el 2001, que incluye como fundamentos del estado de derecho la transparencia electoral, el fortalecimiento de los partidos, y el libre ejercicio del sufragio y que autoriza al Secretario General o al Consejo permanente de la OEA a intervenir «cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder».

Denuncia fundamentada

A ningún buen observador debe caberle duda de que el gobierno está utilizando el poder del Estado para promover sus posibilidades de imponerse en los comicios del próximo año. Lo hizo en la lucha interna en el PLD para escoger candidato presidencial, como lo denunció sistemáticamente el precandidato Danilo Medina, mediante propaganda pagada por el Estado, con designaciones y cancelaciones de funcionarios, El uso del Palacio Nacional para actividades partidistas como las de los «Comunicadores con Leonel» y el aprovechamiento de los actos de inauguraciones para promoción electoral han quedado también a la vista de todos.

El hecho de que haya sido tradición el uso del poder estatal en las campañas electorales, como hicieron los reformistas y perredeístas en el pasado, no resta validez a las denuncias. Tampoco invalida las aspiraciones de un ejercicio democrático más transparente y justo.

Aparte de la promoción del transfuguismo mediante la oferta de cargos públicos, esta vez ha quedado demasiado patente en el reparto de «cuotas de poder» en el gobierno para ganar apoyo de partidos y militantes políticos, incluyendo la creación de decenas de posiciones pagadas con los recursos nacionales.

Las pruebas están a la vista de todos con una abrumadora propaganda gubernamental, de promoción personal del primer mandatario que hace 4 meses es candidato presidencial. Su fotografía y consignas electorales en la propaganda oficial rebasan los límites de lo permitido en las democracias contemporáneas, aunque aquí puedan parecer normales.

Los volúmenes de la propaganda política del gobierno superan con mucho las prácticas del pasado, mucho más significativo cuando aún faltan más de 8 meses para la elección presidencial. Y podría ser peor más adelante, ya que los voceros del PLD dicen que todavía no han comenzado su campaña electoral.

En un artículo publicado en el periódico digital 7 Días, el economista Nelson Suárez documenta, con base en los datos oficiales, la multiplicación de la inversión gubernamental en propaganda. De 70.6 millones promedio mensual entre septiembre y diciembre del 2004, ascendió a 120.6 millones por mes en el 2005 y a 160.7 millones cada mes en el 2006, para elevarse en promedio mensual a 182.7 millones en el primer semestre del año en curso. Totaliza 4 mil 753.3 millones de pesos gastados en publicidad gubernamental en lo que va de esta administración, centrada en lo que hace el presidente, no en campañas educativas ni de orientación que brillan por su ausencia.

La primera instancia

No deja de resultar irónico que el PRD denuncie prácticas en las que incurrió cuando gobernó, sobre todo después de haber restaurado el reeleccionismo que tanto ha conspirado contra el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Se le puede criticar también que no haya agotado la primera instancia de apelación para contener los desbordamientos que denuncia, que debería ser la Junta Central Electoral.

Sin embargo, y pese a que en el actual arbitraje electoral se expresan más preocupaciones por la equidad en la competencia política, pocos esperan que en realidad pongan límites, siquiera mediante advertencias formales, a los abusos del poder estatal.

Es cierto que la ley otorga pocos recursos coercitivos a la JCE, pero el artículo 47 de la Ley Electoral «prohíbe a los partidos políticos, a sus dirigentes, militantes o relacionados recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado, o de los ayuntamientos, directamente o bajo cualquier mecanismo jurídico, así como beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas, o sostenerse, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley».