Decisiones al alcance para apoyar la agricultura e influir en el abaratamiento de precios de alimentos deberían ser tomadas sin esperar a que esté listo un Plan Nacional contra las alzas del petróleo. ¿Cómo se explica que si las autoridades tienen gran preocupación por los problemas que afectan a la agricultura, la pecuaria y la comercialización de productos han permitido que infraestructuras del propio Estado, como son los silos y almacenes de Inespre, valorados en más de mil millones de pesos, permanezcan en total desuso? No es de ahora que la presión crítica de los precios del crudo y de materias primas importadas constituye un desafío para el país. El gobierno debería enmendar el oneroso descuido de desaprovechar una capacidad instalada que sería útil para propiciar la estabilización de precios.
Otra grave omisión ha consistido en dejar inconcluso, y considerablemente avanzado en su construcción, el Mercado de Mayoristas de Santo Domingo, un importante proyecto financiado con ayuda externa para cumplir una tarea crucial en la organización eficiente de la intermediación de una buena parte de la producción del campo. Y todo porque el Estado ha faltado a su obligación de erogar contrapartidas que representan solo una fracción del costo total de la obra. Ciertos desaciertos locales agravan los problemas que llegan de fuera.
Bajo poder adquisitivo
No se correspondería con la realidad ni con el sentido de justicia excluir una revisión de salarios mínimos entre los correctivos que requiere la economía para contrarrestar los efectos del alza del petróleo. El trabajador, que es un elemento clave de la producción, lo es también del consumo. Padres y madres golpeados por los encarecimientos de la nueva realidad con la misma intensidad que a las industrias y a los intermediarios. El pago por los servicios que prestan los asalariados no puede quedar como el único factor de costo que no varía en tiempos tormentosos en los que todo cuesta más, incluso alimentarse, transportarse, vestirse ¡existir!
El colmo es que se alegue que los salarios no deben subir porque se elevaría la demanda y habría inflación, un despiadado criterio con el que parece preferirse que haya estabilidad de precios aunque mucha gente haya visto desaparecer aun más su capacidad de satisfacer necesidades básicas.