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Como instrumento para el desarrollo que debe ser, además de promotor del bienestar social, el próximo Presupuesto General del Estado 2023 debe expresar el empeño del Gobierno por ser efectivo en atender necesidades ciudadanas sin dejar de poner énfasis en las estrategias que multipliquen los empleos y eleven ingresos que en el per cápita nacional siguen apareciendo como inferiores al costo de la vida para la mayoría de la población.
En la lista de subvenciones con cargo a las recaudaciones y endeudamientos que cubren el déficit fiscal aparece un caudal para todo el año de más de 70 mil millones que vendrían a ser el costo por distorsiones y fallas operativas del propio Estado que deja escapar consumos de electricidad sin cobrar o directamente robadas desde todas las capas sociales.
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Justo es que el sector público proteja al mercado de alzas petroleras dejando de traspasarlas al universo de los consumidores, para muchos de los cuales los combustibles son insumos básicos de fines productivos favorables a la economía.
Pero muchas gruesas entregas de ayuda oficial para la alimentación, compras de gas familiar y para subsidiar el transporte ineficiente destinado a mucha gente de la pobreza lo que hacen es poner al Estado a asumir las consecuencias del subdesarrollo y la marginación no resueltos, debiendo invertir más para lograrlo.
