República Dominicana debe acumular – quizás y sin quizás – la mayor cantidad de leyes vigentes de toda Latinoamérica. Y ostentar, además, el récord de tener los más voluminosos textos legislativos inertes, dormidos, sin aplicación ni vitalidad alguna.

Leyes de carácter ambiental, sanitario, de seguridad, ornato municipal, sobre enseñanza pública, ejercicio profesional o deberes ciudadanos han sido dictadas desde los orígenes de la República, luego convertidas en letra muerta.

El país se ha gastado millones de recursos económicos para mantener en operación organismos infuncionales, con una burocracia lenta e incompetente, al amparo de unas leyes que les dieron origen.

Se ha preferido oficializar dependencias que sólo sirvan para cobijar personal supernumerario y, por ende, parasitario.

Los comentarios antecedentes me permiten entrar en materia.

La nación cuenta con  más de una decena de organismos encargados de regular el tránsito de vehículos, aplicar las sanciones por violaciones a la ley y fijar tarifas, esto último en teoría.

Los ayuntamientos disponen de oficinas de Tránsito; en la Secretaría de Obras Públicas (hoy Ministerio)  opera la Dirección de Tránsito Terrestre, encargada de la emisión de las “licencias” de conducir y coordinar la colocación de las señales de orientación.

Funciona, asimismo, de manera independiente, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA).

Se me argumentará que tienen funciones y atribuciones diferentes, lo cual admito en parte.

Pero ¿no sería más inteligente crear un Ministerio de Transporte, provisto de personal calificado, al margen de la demagogia política? Los tiempos demandan prudencia en el gasto público.

El  dinero de los contribuyentes no puede seguir evaporándose por puros caprichos.