En nuestra estructura judicial se han logrado avances muy importantes. Posiblemente, uno de los más trascendentales fue eliminar el intrusismo de dos  poderes del Estado en el otro, que se daba por el hecho de que los jueces, que son miembros del Poder Judicial,  eran designados por el Senado, que es una de las dos alas del Poder Legislativo, en base a ternas que sometía  el Poder Ejecutivo.

Desmontar toda aquella aberración fue realmente trascendental, porque, además, dio paso a criterios de selección por competencia y preparación, bajo rigurosos procedimientos administrados por un Consejo Nacional de la Magistratura.

Sin embargo, a ese gran salto cualitativo se sobrepone la vigencia de un Ministerio Público recusable por sospecha legítima, por pecado de origen. Se trata de una vigencia bochornosa, pues en vez de representar en grado igualitario a toda la sociedad, tiene una dependencia política y partidista a través del cordón umbilical jerárquico y financiero que lo ata al Poder Ejecutivo.

Desde esa órbita, con esas ataduras, no hay manera de que actúe con la independencia que demandan sus delicadas  funciones. Por ese pecado de origen que le hace recusable por sospecha legítima, el Ministerio Público es una de las peores taras de nuestro sistema judicial, tara que debió ser removida conjuntamente con las que desnaturalizaban  a la judicatura.

Tanta impunidad es preocupante

Nuestro país tiene altos índices de criminalidad y eso  preocupa, pero más aún lo es la relación de causa y efecto que contribuye a ese estado de cosas. La abundancia de casos no resueltos en manos de las autoridades  es un ingrediente de altísimo riesgo. En  algún tramo del fenómeno social que es la delincuencia, el alto índice de impunidad sería uno de los precursores de actos de delincuencia. Hay demasiados crímenes horrendos pendientes de solución.

En el fin de semana vimos cómo familiares de víctimas de crímenes protestaron por tantos casos no resueltos. La gente tiene la percepción de que no se hace todo lo necesario para desmontar conspiraciones y castigar el crimen, y no faltan quienes sospechen  que hay terrenos que las autoridades prefieren no pisar. Este sentimiento, esta percepción, crece en la medida en que se acumulan casos sin solución. La gente se siente indefensa y sin defensores. Tanta impunidad mete miedo.