Más de 70 mil familias son amenazadas de desalojos forzosos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Monte Plata, Barahona, San Pedro de Macorís y otros puntos del país, denunció la Red de Coordinación Urbano Popular, que solicitó al Estado una moratoria de esa práctica hasta que sea aprobada la  Ley General de Vivienda, Hábitat y Asentamientos  Humanos.

La entidad responsabiliza de las amenazas de desalojos al Estado a través del Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), así como a la familia Vicini.

En rueda de prensa ayer, la Red informó que la mayor cantidad de desalojados se efectuarían en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, sobre todo en el zona Norte, en los barrios  enclavados en las márgenes de los ríos Ozama e Isabela.

Patricia Gómez, coordinadora del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) y vocera de la Red, expresó que las familias que habitan los barrios de la zona Norte solamente han recibido desinformaciones y especulaciones en torno a que serían desalojadas.

 “Por lo que hacemos un llamado al abogado del estado, Fermín Casilla Minaya, para que por su mediación, fije una moratoria, donde los sectores involucrados discutan una ley general de Vivienda, Hábitat y Asentamientos  Humanos”, expuso.

En la Cámara de Diputados duerme un proyecto de ley sobre la materia, desde finales del año pasado,  que ni siquiera ha sido enviado a comisión por el presidente de ese cuerpo legislativo. Solicitó a los  declarar sus territorios libres de desalojos y sentarse en la mesa del diálogo.

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Por construcciones

En la zona Norte las especulaciones sobre desalojos se producen a propósito de la construcción del Metro de Santo Domingo, primera y segunda etapa, para  lo que se contempla la construcción de la avenida Perimetral y dos puentes gemelos sobre el río Ozama, al lado del Francisco del Rosario Sánchez (de la 17).