La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía observó violaciones graves a la Constitución, a la Ley 285-04 de Migración y a su reglamento en del decreto 327-13 del Poder Ejecutivo mediante el cual se pone en marcha el Plan de Regularización Nacional de Extranjeros.

Juan Miguel Castillo Pantaleón y Manuel Núñez expresaron que el decreto vulnera la sentencia 168/13, por lo que obliga a la Red a interponer por ante el Tribunal Constitucional una acción en inconstitucionalidad del decreto, basado en un conjunto de artículos que serán expuestos en dicho recurso.

Dijeron que el decreto, además de ser ilegal e inconstitucional, “tiene la grave significación histórica de ser el primer documento emitido por el Poder Ejecutivo desde el nacimiento de la República en 1844, hasta la fecha, en el que el poder político dominicano bendice la fusión de RD y Haití; por lo cual instala en la vida de la sociedad dominicana presente, un peligroso y funesto precedente de graves perturbaciones a la paz social”.