El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga la prisión preventiva y que declare de tramitación compleja el proceso contra nueve personas acusadas de integrar una red criminal que cobraba entre $8,000 y $17,000 pesos a nacionales haitianos para introducirlos a República Dominicana.

Se trata de José Andrés Cabrera Francisco (Jairo), Enmanuel Jiménez González (Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (Ricardito), Freddy Esmeraldo Gómez, Ramona Salvadora Tapia Flores, Jeffrey Alberto Felipe Acevedo, Olga Acevedo Capellán, y Griselvis Miguelina Parra Hernández.

La medida de coerción establece que esta «organización transnacional» traficaba, especialmente con personas de nacionalidad haitiana, para lo cual utilizaban las vías terrestres a través de la frontera norte del país con Haití. Así introducían personas indocumentadas a los cuales asentaban en diferentes puntos de la provincia Santiago.

La Fiscalía y la Procuraduría Especializada desarrollaron numerosas diligencias de investigación a fin de poder identificar a los miembros de la estructura, sus roles dentro de la organización y el modus operandi, diligencias que fueron desarrolladas junto a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

La investigación que «se desplegó de manera persistente y vigilante», logró identificar la ruta que esta red criminal utilizaba para emplearse en el trasiego de personas en condición de irregularidad.

Detalla, la solicitud de medidas de coerción, que la estructura empleaba distintas maniobras para cruzar, vía terrestre, desde Haití hasta Dajabón, a personas indocumentadas. Indica que, más tarde, trasladaban a estos indocumentados hasta Valverde y sus diferentes distritos «para luego continuar hacia el municipio de Navarrete, en Santiago, siendo recibidos los extranjeros de nacionalidad haitiana en condición migratoria irregular, por la estructura criminal, para luego sus integrantes encargarse de colocarlos en sus centros de acopios, tales como: casas, cuarterías y terrenos baldíos».

Desde el municipio Navarrete el transporte se dispersaba hasta distintos barrios de Santiago u otras provincias circundantes.

«Con la desarticulación de esta red, la Fiscalía y la Procuraduría Especializada en estos ilícitos, han asestado un golpe contundente a uno de los delitos más atroces de los que se tiene conocimiento, en tanto que laceran y violan los derechos humanos fundamentales de las personas», se lee en un comunicado de prensa.

«A través del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas se cometen otros ilícitos conexos igual de perturbadores como la explotación sexual y comercial», agrega.

De manera provisional el organismo investigador presentará cargos contra el grupo por violación a los artículos 2 y 7, literales C, D y F, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.

Contra Cuevas Peña se presentaron cargos por violentar los artículos 2, 47, letras C, D, E y H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2, numeral 11; 3, letras A, B y C, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

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