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El Ministerio de la Juventud (MJ) marcó hoy uno de los más funestos precedentes en el manejo de información pública en República Dominicana, tras declarar como clasificados los informes sobre la creación de los Consejos Municipales de Juventud, organismos contemplados en la ley sectorial 49-00.
Así lo afirmó hoy la Red Nacional de Acción Juvenil (Rednajoven), agrupación que, en la persona de la joven Elizabeth Vélez, sometió una acción de amparo contra el MJ por ante el Tribunal Superior Administrativo, porque sus autoridades se negaron a entregar informaciones requeridas.
José Luis Morillo y Victorio Cuevas, abogados de Vélez, refutaron la negativa del ministerio señalando que, de acuerdo a la Ley General de Juventud, el Sistema Nacional de Juventud tiene la función de habilitar espacios abiertos, consultivos y participativos, con registros de informaciones transparentes y siempre dispuestos para la consulta ciudadana.
De igual forma, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública en su reglamento 130-05 establece en su artículo 23 que toda información clasificada debe hacerse efectiva a través de un acto administrativo, que debe fundamentarse en las limitaciones que establece la propia ley. El mismo reglamento, en su artículo 24, establece que la autoridad responsable debe asegurarse de que esta restricción sea lo menos lesiva posible al derecho de acceso a la información, expresó Morillo luego de concluir la audiencia.
La Rednajoven también recordó que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública en su artículo 3 y en el artículo 21 del reglamento 130-05 establece que todos los actos de la administración pública estarán sometidos a la publicidad y, en consecuencia, el Estado Dominicano está obligado a difundirlos.
Además, agregó, el artículo 3 de la Ley 200-04 en su literal b, establece como informaciones obligatorias: los programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión: Exactamente lo que la joven está solicitando al Ministerio de la Juventud, informaciones públicas y obligatorias
El tribunal se reservó el fallo para el día 9 de julio, otorgando un plazo de dos días para que las partes depositen ampliación de conclusiones.
