La República Dominicana cada vez tiene más personas mayores en condiciones de pobreza extrema y según la Red por una Vejez Digna, que defiende los derechos de estas personas, el 9.3% de la población (cerca de un millón de ciudadanos) son adultos mayores con más de 60 años.

De este grupo, más del 60% no tiene ingresos económicos propios, carece de pensión, no cuenta con recursos para comprar alimentos, pagar su seguridad social, adquirir alimentos y tener una vivienda.
Dado este panorama, la Unión Nacional del Adulto Mayor y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Gabinete de Políticas Sociales demanda revisar la estructura de dirección y el manejo del Consejo Nacional de la Personas Envejecientes (Conape), del que denuncia que a 10 años de creado no ha establecido políticas públicas a favor de este grupo vulnerable.

Por eso, al desarrollar el taller sobre los “Derechos de las personas mayores y pensión” en la sede de Ciudad Alternativa en el ensanche Luperón de la capital, las entidades abordaron los temas fundamentales que requieren los envejecientes, primero empezaron por la pensión solidaria para personas mayores, discapacitadas y madres solteras, y la modificación de los miembros del Conape.