DEBORAH HASTINGS
AP. Laurel, Misisipí, EE.UU. El trabajo es durísimo. Hora tras hora de pie, soldando y poniendo tornillos hasta que el sudor se mezcla con lágrimas de dolor por los calambres en las manos. Incluso con la pesadilla económica actual, muy poca gente está dispuesta a someterse al tormento que representan turnos agotadores de 12 horas por un sueldo bruto de 280 dólares a la semana.

El condado rural de Jones, donde se encuentra Laurel, es una excepción y hay abundantes postulantes para los empleos que ofrece Howard Industries, la empresa más grande de la zona, dedicada a la fabricación de transformadores eléctricos y otros equipos, en una planta rodeada por una cerca con alambres de púas. Plantas como esta ofrecen salarios de subsistencia a quienes están dispuestos a soportar los rigores de estos trabajos. Y a veces, por esos puestos se pelean los más desposeídos.

Durante mucho tiempo, Howard empleó mayormente a negros y blancos de extracción pobre en esta ciudad de 18,000 habitantes, en la que el 30% de la población vive en la pobreza. En años recientes comenzaron a llegar inmigrantes hispanos dispuestos a hacer el trabajo sin quejarse por los turnos largos y dispuestos a hacer cualquier tarea.

Pronto les siguieron sus familiares, hasta cambiar la composición racial de la comunidad. Además de muchos negros y algunos blancos, empezaron a verse abundantes mestizos latinoamericanos.

Y entre negros y bancos germinó el resentimiento, dando lugar a una inusual alianza en un sitio que tuvo su cuota de problemas raciales. Ahora, hasta el Ku Klux Klan puso la mira en los hispanos más que en los negros.

Numerosos negros y blancos se quejaron de que los hispanos se estaban apoderando de la ciudad y quedándose con los trabajos, sin quejarse de las condiciones laborales en una planta que en el 2008 pagó 193.000 dólares en multas por irregularidades.

Se cree que un trabajador sindicalizado llamó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual hizo la redada más grande jamás realizada en el país a mediados del año pasado.

Casi 600 hispanos fueron detenidos, ante aplausos y expresiones de júbilo de los empleados negros y blancos. «Adiós», gritaron algunos. «Vuélvanse al sitio de donde vinieron».

La planta emplea hoy mayormente negros y a un puñado de blancos, que ganan lo mismo que percibían los hispanos. No hay un convenio colectivo de trabajo desde agosto y los trabajadores y la patronal están enfrascados en una áspera negociación en torno a salarios y condiciones laborales.

Miles de arrestos

Las redadas de los sitios de trabajo alcanzaron su punto culminante en el 2008, con 6,287 arrestos, diez veces los que hubo en el 2003.

Luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de George W. Bush, invocando la seguridad nacional, anunció que detendría y deportaría a todos los indocumentados, que hasta entonces no habían sido molestados casi. El nuevo Departamento de Seguridad Interior dijo que semejante cambio de política era imperioso para resguardar al país del terrorismo.

Al fracasar las iniciativas en pos de una reforma integral a las leyes de inmigración, el jefe de seguridad interior Michael Chertoff ordenó intensificar las redadas. Esas barridas en sitios que pagan poco no generaron arrestos de sospechosos de terroristas. Cuando se le preguntó si se había detenido a alguien relacionado con el terrorismo, la portavoz del ICE Barbara González respondió: «No que yo sepa».

Fueron arrestados empleados de fábricas donde explotan a los trabajadores en Massachusetts, personal de una empacadora de carne kosher de Iowa y empleados del servicio de la limpieza de los tribunales de Rhode Island.  En algunos casos, las consecuencias fueron devastadoras.

En Postville, en el noreste de Iowa, arrestaron a 389 empleados de la empacadora de carne kosher Agriprocessors. La empresa se declaró en bancarrota y dejó de funcionar. Sus dueños están siendo juzgados, acusados de ayudar a sus empleados a conseguir documentos de ciudadanía falsos. La redada más grande, no obstante, tuvo lugar en Laurel, donde 592 personas fueron detenidas, la gran mayoría por haber ingresado ilegalmente al país. Desde entonces, 414 hispanos fueron deportados, 23 se fueron del país voluntariamente y 27 quedaron en libertad bajo fianza, a la espera de que se procesen sus casos. Uno sigue detenido. Nueva fueron acusados de robo de identidad. Más de un centenar, casi todos mujeres y niños, fueron liberados y esperan ser procesados. Temen salir a la calle y recibir miradas desaprobadoras por los brazaletes electrónicos en sus tobillos que permiten determinar su paradero.

Lo que esperan de Obama

Los sectores defensores de los derechos de los inmigrantes esperan que Barack Obama modere la política de redadas en sitios de trabajo. «Hacemos los trabajos que nadie quiere hacer», declaró Ismael Cabrera, un mexicano padre de dos hijos. «Lo único que queremos es trabajar». Cabrera le pagó 2,000 dólares a un coyote para que lo trajese a Estados Unidos a través del desierto de Arizona. Y otros 1,000 para que lo trajese a Laurel, donde primero trabajó en una planta avícola, cortándole las alas a pollos muertos.

Su récord personal: 39 pollos desalados en un minuto. «No le sacamos el trabajo a nadie», sostuvo. «Nadie quiere hacer estos trabajos». Comenzó a trabajar en Howard como soldador hace tres años, en que abundó la demanda para hacer frente a la reconstrucción tras el huracán Katrina. Cuando llegaron los agentes del ICE en agosto pasado, con armas en sus cinturas, la gente comenzó a gritar. Algunos corrieron hacia las salidas. Cabrera sabía que estaba atrapado. Estuvo preso un mes, hasta que logró reunir el dinero para la fianza. «Fue terrible», expresó.

«Los guardias nos insultaban». Asiste a vistas sobre su deportación en las que no entiende nada. Llora ante la perspectiva de tener que volver a su pueblo, cerca de la ciudad de México, donde ganaba poco y nada. Su hijo César no recuerda nada de ese sitio. Tenía seis años cuando vino a Estados Unidos. César es hoy un chico dulce de 13 años, que hace de intérprete de su padre y habla un perfecto inglés. Cuando se le pregunta si le gustaría volver a México, no sabe qué decir. Mira a su padre y luego mira al piso y se pone a llorar. «Me sentiría mal», responde. Su padre observa la escena y lagrimea también.

«A veces me pregunto si valió la pena venir aquí, a que lo insulten y lo humillen a uno», dice Cabrera, quien también tiene una hija de seis años nacida en Estados Unidos. «No estoy aquí porque quiera ganar mucho dinero. Quiero trabajar, educar a mis hijos».  La filial 1317 del sindicato de electricistas había estado tratando de afiliar hispanos, que, según calcula, constituían entre el 40 y el 60% de la mano laboral de Howard. Había logrado afiliar a unos 150 antes de la redada, de acuerdo con el presidente de la filial, Clarence Larkin, quien es negro. Ya no queda nadie, ni tampoco se percibe un sentido de solidaridad hacia los hispanos, indicó Larkin.

Zoom

La redada de Laurel tuvo como objetivo los indocumentados y no las personas que les vendieron los documentos falsos, por entre 60 y 200 dólares cada uno.  Cabrera no sabe qué será de su vida ni qué hará si lo deportan. Angélica Olmedo, madre soltera de 32 años, en cambio, optó por acogerse a una deportación voluntaria y se irá a Veracruz, donde sus padres cultivan caña de azúcar. Su hijo de 13 años, quien tenía cinco años cuando ella pagó para que lo trajesen ilegalmente al país, regresará con ella. Olmedo fue liberada por razones humanitarias luego de la redada, en vista de que es una madre soltera. Se le colocó un brazalete electrónico en el tobillo y se le dijo que no podía irse del estado. «Me sentía como un perro», expresó en la casa rodante que comparte con su hijo, su hermana, su cuñado y sus dos sobrinas.

El Ku Kux Klan

Laurel fue territorio del Ku Kux Klan, donde individuos encapuchados, con túnicas, desfilaban orgullosos por la calle principal. En la actualidad, esos rencores de trasfondo racial tienen otro blanco. «Es hora de que los mexicanos se vayan de aquí!», dice el portal cibernético del Klan.

En actos realizados en años recientes en Laurel, Tupelo y otras ciudades de la región, elementos del Klan acusaron a los inmigrantes hispanos de molestar a menores, quitarle los trabajos a los nativos y destruir el estilo de vida de los estadounidenses.

El año pasado Misisipí aprobó algunas de las leyes para combatir a los indocumentados más estrictas de la nación, incluida una que declara delito el solo hecho de trabajar sin papeles. Tanto republicanos como demócratas se muestran firmes con los indocumentados en las campañas proselitistas. En el 2007, la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Misisipí le envió una carta al presidente del Partido Demócrata Howard Dean en la que denunciaba que los candidatos demócratas «decían mentiras sobre los inmigrantes que violan los principios progresistas del partido».

El pastor Robert Vélez, quien dirige una pequeña iglesia pentecostal que sirve mayormente a inmigrantes, dice que sabe qué es lo que motivó la redada y lo que genera discordia en esta ciudad industrial.

«La política», afirma Vélez, oriundo de Puerto Rico.