El país tiene que redefinir criterios en dos vertientes muy sensibles de la economía. Por un lado, está obligado a despejar los perjuicios que se derivan de la inestabilidad del suministro de energía eléctrica y por el otro debe propiciar un mejor abastecimiento de gas licuado de petróleo.

En el mercado eléctrico hay actores cuyas relaciones frecuentemente quedan afectadas por razones de índole financiera. Si el Gobierno se atrasa en el pago de la energía que consumen sus instituciones y del subsidio de la que consumen las familias de bajos recursos económicos, perjudica las operaciones de distribuidores y generadores. Si son los usuarios los que no pagan ocurre lo mismo, salvo que en este último caso influye el factor de la falta de eficiencia en la estructura de cobro de las distribuidoras.

Como la energía eléctrica es básica en el desarrollo económico del país y producirla por medios individuales provoca costos que presionan el mercado de divisas, el Gobierno debería encasillarla entre los elementos estratégicos cuyo suministro debe estar garantizado en todo momento. En este contexto, deben trazarse pautas que garanticen la estabilidad de suministro, la eficiencia en el cobro y la obligatoriedad de pagar por su uso, para vencer una cultura de no pago muy arraigada entre los dominicanos desde la llamada «Era de Trujillo».

La gente paga con asiduidad el servicio telefónico para evitar cortes, pero es sorprendente la morosidad que media cuando se trata de la energía eléctrica.

-II-

En el caso del gas licuado de petróleo, un combustible de gran incidencia social por su uso en los hogares y el transporte, predominan causas similares a las que provocan los apagones. Cuando el Gobierno se atrasa en el pago del subsidio, quienes importan este combustible se descapitalizan, dejan de traerlo y se interrumpe el abastecimiento.

Por mucho tiempo, el Gobierno ha tenido que cargar el peso financiero de un subsidio muy distorsionado, que beneficia a quienes jamás han solicitado tratamiento privilegiado. Las industrias y los hoteles, que nunca han pedido subsidio y que emplean este combustible con fines lucrativos, se benefician al adquirir el galón de gas licuado al precio de RD$25, tal como lo adquieren los hogares. Lo mismo ocurre con los transportistas de pasajeros, que compran el gas a este precio pero cobran por los pasajes lo mismo que quienes manejan vehículos movidos a gasolina o gasoil.

Si bien es cierto que la focalización del subsidio -a partir de enero- eliminará estas distorsiones y le permitirá al Gobierno un gran ahorro que hará más llevadera la carga financiera, es preciso adoptar pautas que permitan mejorar el suministro. 

Energía eléctrica y gas licuado de petróleo son verdaderas herramientas de desarrollo, y como tales, su suministro debe ser considerado elemento estratégico para la economía. En ambos casos, quienes se benefician de su uso deben pagar lo que real y justamente cuesta cada uno, como forma de que se pueda garantizar un suministro permanente, confiable.