Hoy 
El pecado original del constitucionalismo liberal es haber restringido el potencial liberador de la igualdad constitucional. Es por ello que, tras las grandes revoluciones del siglo XVIII, se instauran democracias que excluyen de la ciudadanía a mujeres, analfabetos y trabajadores por cuenta ajena.
No por azar Immanuel Kant, el filósofo que construye los cimientos dogmáticos del constitucionalismo occidental, que defendió el principio de libertad como base del gobierno y de un trato digno y no instrumentalizado del hombre, no tuvo empacho en afirmar que, a pesar de que la ley debía ser fruto de la voluntad del pueblo entero, para pertenecer a ese pueblo legislador y soberano, es preciso que uno sea su propio señor (sui iuris) y, por tanto, que tenga alguna propiedad (incluyendo en este concepto toda habilidad, oficio, arte o ciencia) que le mantenga.
Es esto lo que explica por qué la república que surge de esas revoluciones, en lugar de constituir la commonwealth del pensamiento liberal-demócrata radical, deviene república de la propiedad. Esta república de propietarios, como bien han señalado Hardt y Negri, se funda en la idea de que si la propiedad no es sagrada y si las leyes no la protegen y la defienden, comienzan la anarquía y la tiranía. Para ser homo politicus hay que ser homo proprietarius. Así, el derecho de propiedad deja de ser simplemente un derecho real y se convierte en el paradigma de todos los derechos fundamentales. Si concordamos con José Guillermo Guerrero Sánchez y no con Raymundo González, nuestro mismo Pedro Francisco Bonó no escaparía a esta lógica, por su defensa no tanto de los pobres sino de los pequeños propietarios.
Es Marx quien denuncia más coherentemente esta equiparación del ciudadano con el propietario. Conforme este pensador, en la sociedad burguesa el capital es autosuficiente y tiene personalidad, mientras que el individuo activo resulta deficiente e impersonal. De este modo, se concibe como persona únicamente al burgués, al propietario de la burguesía, mientras que la dignidad del trabajador se ha disuelto en el valor de cambio, no siendo los trabajadores más que una mercancía, como cualquier otro bien negociable. Marx reconoce la centralidad del trabajo del hombre no solo para la determinación del valor del producto, sino también para sustentar la dignidad del ser humano como homo faber.
El constitucionalismo social entiende que no es justo considerar ciudadanos solo a los propietarios o postular ingenuamente que es posible la igualdad formal en condiciones de desigualdad material pero, contrario al marxismo, en vez de abogar por la abolición de la propiedad privada, asume que, para que la igualdad del constitucionalismo liberal sea real y efectiva, es preciso reconocer y garantizar unos derechos sociales que permitan a las personas la satisfacción de sus necesidades básicas y su participación en igualdad de condiciones en la comunidad política. Es ese el fundamento y el sentido del Estado Social de Derecho que propone Herman Heller en la primera mitad del siglo XX como alternativa al capitalismo salvaje demoliberal, al capitalismo corporativo fascista y al comunismo marxista.
El problema es que, como bien señalaba Héctor Incháustegui Cabral hace medio siglo, nos encontramos con situaciones en que el problema no es el señalado por Marx de la explotación del hombre por el hombre, sino que radica en la ausencia de explotadores, en el hecho de que el capital es crecientemente independiente de la mano de obra. Por eso, paradójicamente, la exigencia más radical que puede hacerse hoy es demandar al capital que adopte formas empresariales capaces de absorber a los pauperizados, hoy excluidos porque son superfluos para las necesidades del capital. Solo así evitamos ser un territorio de asentamientos urbanos miserables donde todos, de una manera u otra, somos excedentarios o «prescindibles» (Samir Amin). Únicamente como trabajadores podemos reinvindicar la dignidad del homo faber y eliminar las bases materiales para el clientelismo político. No es que la democracia no funcione en un país de pobres, como pretenden los tradicionales escépticos de izquierda y derecha. No. Es que, si no se produce el redescubrimiento democrático del trabajo (Boaventura de Sousa Santos), no es posible alcanzar la igualdad efectiva, base fundamental de un Estado Social y Democrático de Derecho.
