La reforma fiscal es muy importante para eliminar distorsiones, evasión y privilegios para quienes más consumen, y para reducir los costos de vivir y hacer negocios en República Dominicana

Definitivamente República Dominicana es un país con buen crecimiento económico y durante las últimas dos décadas lo ha hecho a un ritmo más rápido que otros de América Latina y el Caribe. Durante los últimos 23 años (2000-2022) la economía registra un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) real de 4.78%, aunque hubo una caída de 1.35% en 2003 por la crisis bancaria y de 6.72% en 2020 por la pandemia de coronavirus (COVID-19)..

Pero este crecimiento ha estado acompañado por una mala distribución del ingreso y las riquezas, es decir con muy bajo impacto positivo en la reducción de las desigualdades y la pobreza.

Y la política fiscal es esencial para reducir estas diferencias en materia de desigualdad. Con la redistribución fiscal se puede lograr impuestos más bajos y menos progresivos. A la vez reducir los costos para las personas vivir y hacer negocio en el país.

Y también es vital que los gastos sean estratégicos para apoyar a las empresas y las familias.
Una reforma fiscal, que aborde los ingresos, el gasto y la deuda pública hace eco en los oídos de todos. Y es la receta indicada por todos los organismo multilaterales, economistas y el propio Gobierno.

El Banco Mundial en su informe “Repensar la productividad para impulsar el crecimiento sin dejar a nadie atrás”, advierte la necesidad de reformas estructurales para que continúe el crecimiento y se amplíen sus beneficios para más hogares y zonas en pobreza. Y entre estas reformas cita como fundamental mejorar la eficiencia del gasto público y el sistema tributario. Insta a eliminar las exenciones de impuestos y la ampliar la base impositiva y lograr la eficiencia del gasto.

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Otras propuestas son: racionalización de los gastos tributarios, aumento de los impuestos especiales (ejemplo: alcohol, tabaco, etc), rediseño del impuesto patrimonial e incorporación de consideraciones ambientales y de cambio climático (tales como un impuesto al carbono).

Lo expuesto por el Banco Mundial coincide con las recomendaciones realizadas por el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo en su informe en el marco de la consulta del Artículo IV correspondiente a 2023. Recomendó que a mediano plazo la política fiscal “necesita mejoras adicionales a los marcos de políticas y la inclusión de una ley de responsabilidad fiscal, mejoras en la gestión financiera pública, en la gobernanza de la infraestructura y de la administración tributaria, en paralelo con iniciativas para incrementar de forma duradera los ingresos mediante la ampliación de la base impositiva y la reducción de las exenciones también podrían apoyar la sostenibilidad fiscal”.

Mientras para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es importante que el país aumente los ingresos fiscales para lograr su sostenibilidad fiscal y expanda su capacidad de invertir en la gente. Pero así mismo insta a continuar y profundizar los esfuerzos para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, pues según su estudio “Mejor gasto para mejores vidas”, las ineficiencias técnicas y malgasto del gasto público en República Dominicana representó el equivalente al 3,8% del PIB al 2019.
Matemática no cuadra.

Durante el período 2000-2022 la presión tributaria promedio fue 13.1% del PIB, tasa que se encuentra muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Y se entiende que se pagan pocos impuestos.

Sin embargo, Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), afirmó que no es cierto que la presión tributaria del país es baja. Pues la relación de los ingresos fiscales como porcentaje del PIB es similar a la de los demás países de América Central cuando se comparan ingresos tributarios con ingresos tributarios, las presiones tributarias son similares: 14.9% y 14.4%.

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Explicó que el error está en realizar comparaciones y no ajustar los ingresos de la seguridad social. Pues en la mayoría de los países de América Latina la presión que se emplea es una presión fiscal con ingresos de la seguridad social.

“Históricamente la presión tributaria de República Dominicana ha ido en aumento. Es la tendencia desde 1991 a la fecha. Sin embargo, lo importante no es la presión tributaria, sino el nivel del gasto”, enfatizó.

Collado Di Franco afirmó que no hay problema de presión tributaria en RD, ya que los ingresos tributarios, expresados en dólares, crecieron 21.7 veces entre el año 1990 y el 2022; el equivalente a un aumento de 2,073%. El problema es que el gasto, que depende de las decisiones políticas, ha sido incrementado en 25.7 veces; ó 2,470% en igual período.

A pesar de los intentos de reducir los déficits fiscales mediante modificaciones al Código Tributario, como en los años 2000, 2004 y 2005, la ausencia de control en el gasto público mantuvo los déficits fiscales y las necesidades de endeudamiento público. Por ejemplo, en el año 2001 el gasto público creció en 24.0%, en el 2004 creció en 17.2% y en el 2006 creció en 13.4%.

En los últimos 31 años, el sector público, medido por el gasto real del Gobierno Central, creció 12.1 veces su valor; mientras que el PIB creció 4.9 veces. “El problema principal de la República Dominicana es el gasto público. El Estado dominicano, en comparación con la economía, está sobredimensionado.”, dijo al HOY.

Eliminar distorsiones en el sistema tributario

Collado Di Franco resaltó que el sistema tributario necesita ser reformado para reducir las distorsiones que ha creado y sus limitaciones al desarrollo de República Dominicana. Como consecuencia, aumentarían las recaudaciones de manera sostenida, tal como sucedió en la década de los años 1990.
Un emprendedor de República Dominicana debe dedicar más tiempo para hacer el pago de impuestos, que el que dedica una persona que realice una función similar en otro país del DR-CAFTA, unas 317 horas mientras el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es 158 horas, de acuerdo a la última comparación de este tipo fue realizada en el año 2019 por el Banco Mundial.

Dedicar más horas al pago de impuestos implica tener menos tiempo para realizar su propio negocio y por tanto es más costoso ser productivo. Más tiempo y costo desincentivan a las empresas a ser formales y por tanto incentiva a la informalidad.

Collado expresó que por esto no sorprende que cerca del 57% del empleo en el país se creen en la informalidad.

Afirmó que el sistema tributario es oneroso por sus altas tasas y cantidad de tributos, así como por la complejidad de su cumplimiento. “Esto desincentiva a los ciudadanos a tributar y puede estimular la evasión; a la vez que hace más difícil a la autoridad tributaria poder realizar su trabajo de recaudación”, dijo.

Además según el análisis de la CREES contar con tasas diferenciadas no ayuda al sistema tributario dominicano. Pues las estadísticas muestran que en el caso del el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) es notorio cómo las operaciones exentas mantienen una tendencia a incrementarse, al 2023 están son un 60.2 % y las operaciones grabadas son 39.8 %.

Tasas altas estimulan la demanda de exenciones

Para Collado el otorgamiento de privilegios en forma de leyes es un reflejo de distorsiones del orden institucional por cuanto tienden a beneficiar a algunos grupos de la sociedad sobre otros. Por ejemplo en lugar de bajar la tasa y crear una legislación uniforme para todos, se mantiene un privilegio para las personas de los niveles más altos de ingresos, ya que son estas las más beneficiadas al consumir más productos exentos del ITBIS.

En República Dominicana existen 43 disposiciones legales que otorgan algún tipo de tratamiento especial a diferentes sectores, en adición a las exenciones incluidas en el mismo Código Tributario. “Cuando en República Dominicana se habla del monto total de beneficios tributarios denominados gasto tributario, el 57% corresponde al ITBIS, o el 2.5% del PIB. Las exenciones del ISR representan el 16% del total, o el 0.7% del PIB”, expuso.

Pero Collado aseguró que las exenciones o los privilegios están motivadas porque es costoso hacer negocios en el país, competir con las importaciones y poder exportar.

“En lugar de realizar las reformas estructurales necesarias, la respuesta de los hacedores de políticas es la creación de las disposiciones legales para otorgar exenciones y exoneraciones impositivas”, afirmó.

18 % es una tasa alta

Estadísticas recopiladas por las CREES muestran que la tasa de ITBIS de República Dominicana (18 %); es más alta que el promedio de América Latina, de un 15.9%, y que el promedio de América Central que es 12.5 %, de acuerdo a datos del 2023.

El ITBIS o IVA no solo encarece la vida para los consumidores por su pago en la compra final, sino porque encarece los costos de producción. Esto último es peor cuando el bien está exento del ITBIS. El consumidor termina pagando una proporción de todos los ITBIS que intervinieron en la cadena de producción. “Es erróneo asumir que porque un bien está exento del IVA las personas de menores ingresos se benefician de la exención. El análisis superficial no toma en cuenta que como el productor no puede compensar los ITBIS que pagó en el proceso de producción ante la DGII, se ve precisado a llevar al costo del producto dicho impuesto y transfiere una parte al consumidor”, expreso.

Resaltó que en los países de la OCDE prevalece el concepto de bajar las tasas impositivas porque ayudan a generar mayores inversiones. Tal como lo hizo República Dominicana cuando redujo su tasa de impuesto sobre la renta a personas jurídicas de 46% a 25% luego de la promulgación del Código Tributario de 1992.