En la actualidad, una serie de actores discuten en el seno del Consejo Económico y Social un Pacto Eléctrico, como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, y uno de los puntos más difíciles, por ser justamente la médula de la crisis sempiterna del sector, será cómo enfrentar la reducción de las pérdidas eléctricas.

A partir de 2004, con el aumento de la generación y el aumento sostenido en los precios mundiales del crudo, hemos visto cómo las pérdidas y el subsidio se han incrementado progresivamente desde US$68 millones (agosto-diciembre 2004), en 2008 por el choque petrolero ascendió a US$1,118 millones, en este 2014 aproximadamente US$1,300 millones y para 2015 la Ley de Presupuesto, aprobada esta semana por ambas cámaras, estipula un monto de US$890 millones (equivalente al 1.4% del PIB) que se cumplirá en la medida que los precios del petróleo se mantengan bajos.

Desde agosto de 2004 hasta diciembre de 2014 se han transferido recursos del presupuesto por un monto cercano a los US$8,600 millones, para subsidiar a los usuarios que no pagan el servicio o que subvaloran la factura y para mantener encendida una industria cuya generación mayoritaria depende del petróleo y con unos contratos amarrados hasta 2016 por los “Acuerdos de Madrid”. Ese monto de subsidio equivale al 54.7% de la deuda externa del Sector Público no Financiero y dos veces el endeudamiento con el Acuerdo de Petrocaribe.

La matriz de generación del país en el año 2000 dependía en 90% de los derivados del petróleo, en 2008 se redujo a 51%, mientras el gas natural representó 21%, carbón 16% e hidroeléctricas 12%. Para el pasado año la dependencia del petróleo se redujo a 47%, sin embargo esa disminución en la dependencia del petróleo no se tradujo en una reducción de los costos de la energía comprada por las EDES a los generadores.

El Gobierno está empeñado en modificar en este periodo la matriz sobre la base de aumentar la capacidad instalada de generación entre 1,500 y 2,000 KHW y llevarla a 34% en base a carbón, 39% gas natural, 13% hidroeléctricas, 10% petróleo y 4% renovables.

Con una matriz de ese tipo las autoridades, de no producirse alzas inesperadas en los precios del carbón y el gas natural, esperan un precio de generación inferior a los US$0.13 el kilovatio y una reducción del subsidio, de acuerdo al Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, en US$500 millones.

Suponiendo que las dos plantas a carbón con mucha suerte entren en operación al inicio de 2018, resulta que el Gobierno deberá asumir la amortización y el pago de los intereses por el financiamiento de dichas plantas y de continuar el mismo nivel de pérdidas actuales, entre 35 y 40%, para 2018 el subsidio subirá en casi 500 millones de dólares, es decir que prácticamente se comerá el ahorro logrado por la generación a carbón.

En el esquema actual, donde casi la mitad de los usuarios no pagan el servicio, resulta que a mayor generación, mayores pérdidas y mayor subsidio, y aunque se cuente con un parque con menor costo de generación, de no reducirse sustancialmente las pérdidas, va a resultar muy difícil para el próximo gobierno mantener ese nivel de subsidio y simultáneamente asumir los costos financieros derivados de las inversiones en nuevas plantas.

La crisis financiera del sector eléctrico representa el problema más viejo del país, tanto que se incubó en la década de los sesenta del siglo pasado. Es también uno de los mayores problemas del país, pues afecta la competitividad y representa una carga insoportable para las finanzas públicas y resta recursos necesarios para la salud, la educación, el gasto social o la infraestructura.

Por eso es decisiva la responsabilidad de los actores en el Pacto Eléctrico, pues deben pasar de un mero enunciado de metas a la ruta de las soluciones, y una de la más difícil será definir cómo y cuándo se van a reducir las pérdidas y el subsidio.