Reducen penas red de Figueroa

Reducen penas red de Figueroa

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional redujo ayer las penas a cinco de los condenados por  integrar la red de lavado de activos  del narcotraficante boricua José David Figueroa Agosto.

Mediante la sentencia 178-2012, los jueces Manuel Hernández y Daniel Nolasco modificaron la sentencia 100-2011 dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 26 de  septiembre  y recurrida en apelación, para reducir las penas  contra  Eddy Brito,  Ivanovich Smester, Mary Peláez,  Sammy Dauhajre y Juan José   Fernández.

La decisión fue emitida con el voto disidente del magistrado Antonio Otilio Sánchez, quien consideró que debió confirmarse en todas sus partes la sentencia  emitida en primer grado.

 Además,  los jueces  confirmaron  la decisión  contra   Madeline Bernard Peña, sentenciada a cumplir cinco años de reclusión con suspensión a residir en un domicilio determinado, aprender  un oficio y al pago de 50 salarios mínimos y el pago de las costas.

Reducciones.  Mediante la decisión,  la Primera Sala de la Corte de Apelación  del Distrito Nacional redujo la condena a  Mary Peláez Frappier de 15 a 7 años  de prisión  y la de Eddy Brito  de 12 a 5 años.

 Además,   rebajó la pena  de  Sammy Dauhajre, Juan José Fernández Ibarra e Ivanovich Smester, de 15 a cinco años.

“La Corte ha entendido pertinente encuadrar el monto de la pena, partiendo de la escala  mínima prevista en el artículo 18 de la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos”, expresan los jueces en los fundamentos de la sentencia.

En su dictamen, los jueces acogieron de manera parcial los recursos de apelación incoados por los condenados por lavado de activos, en tanto  rechazaron el que introdujo   Madeline Bernard Peña, a quien condenaron al pago de las  costas del proceso.

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Voto disidente

El magistrado Antonio Otilio Sánchez emitió un voto disidente a la sentencia que reduce las penas de cinco de los condenados por lavado de activos y expresa que está conteste con el análisis del tribunal de primera instancia  al señalar que la infracción acaecida tiene repercusiones que afectan distintos bienes jurídicos, “ya que atenta contra la preservación de un Estado de Derecho que asegure limpias inversiones y fortalezca el crecimiento y progreso “.

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