Reducir el gigantismo estatal es un reto que el presidente Leonel Fernández debiera iniciar, debió en realidad hacerlo desde hace siete años, pero nunca es tarde cuando se inicia algo; lo peor es no comenzar.

El país no resiste una conformación de división geográfica de 30 provincias, sino que debemos retornar al cauce sensato de por lo menos reducirlas a la mitad, y siguen siendo demasiadas.

También con la JCE de nueve miembros reducirlos a un mínimo de cinco y la SCJ de 16 a cinco.

Eliminar la LMD desde hace tiempo es una necesidad imperiosa y que la Presidencia de la República asigne los recursos a los municipios con el monto establecido.

Es inadmisible que exista una Superintendencia de Bancos cuando hay un Banco Central que decide la política monetaria dominicana.  El primero es evidente que sobra.

Un sistema congresional unicameral sería lo óptimo, para manejarnos con 30 senadores y eliminar tanta vagancia en la Cámara de Diputados, y sobre todo, ¡ay! tantos recursos dilapidados para nada, que bien podrían invertirse en obras de urgente requerimiento social.

Hay una burocracia supernumeraria, ociosa, que puede apreciarse leyendo periódicos, escuchando programas de chismorreo o novelones radiales y hasta por tv que proliferan en las oficinas estatales, mientras las computadoras no suenan y si lo hacen es chateando en asuntos y muy ajenos al departamento.

Si el competente ministro de Hacienda, Daniel Toribio, dispone un arqueo a todo cuanto refiero y autorizado por el presidente Leonel inicia una poda bajita, recursos por pi pá habrán para múltiples acueductos, caminos vecinales, dotar a los hospitales de medicinas, subir los sueldos a los médicos, ingenieros agrónomos, médicos, maestros, enfermeras, para-médicos y  escuelas, veremos  lo positivo del costo político