SANTIAGO.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de este municipio, reenvió hoy para el próximo 18 de julio, el conocimiento del caso contra Amarfis Altagracia Tavares, una supuesta manejadora de burdeles en San Cristóbal, y que es acusada de ser traficante de niñas en el sector de Cienfuegos de Santiago, quienes eran captadas para ser explotadas como atractivos sexuales.

Luego de denuncias emitidas por dirigentes comunitarios de Cienfuegos, Tavares fue apresada por la Policía en esta ciudad, y desde hace seis meses se encuentra detenida esperando ser procesada por el delito de trata de personas, específicamente niñas y adolescentes.

Contra Tavares existe una querella que podría ser desestimada, ya que no existen las víctimas para testificar, debido a que según denuncian organizaciones de la sociedad civil, la acusada sobornó a los afectados.

Raquel Rivera, de la entidad feminista Coordinadora de Mujeres del Cibao, dijo que Tavares y la red de traficantes de menores, han ejercido presión sobre las víctimas, a quienes supuestamente les han ofrecido dinero para que no declaren ante los tribunales.

“Ahora mismo, para el caso no existe ni una de las víctimas para que declare contra Amalfi, porque ella ha pagado con dinero para comprarlas y callarlas. Quienes no han tomado el dinero, son presionadas y amenazadas para que no hablen. Y la única víctima que teníamos falleció a causa del SIDA, que la contrajo cuando fue explotada sexualmente”, explicó Rivera.

La activista expresó que las organizaciones feministas de Santiago y Cienfuegos, pese a que no hay víctimas en el proceso, estarán exigiendo al Ministerio Público, que ejerza su función, para evitar que la señora Tavares salga en libertad, ya que consideran que “cometió un delito grave contra adolescente y debe de pagar en la cárcel, ella y el equipo que trabaja en esos negocios, incluyendo a su esposo Carlos Julio Alcántara”.

Las organizaciones creen que desde 2008, más de cien niñas han sido tomadas por Tavares y trasladas a San Cristóbal, donde las obligaba a prostituirse, como parte de una red que tiene como plataforma captar adolescentes en barrios marginados y que, pese a que la manejadora está detenida, los negocios siguen abiertos y operando.

Raydiris Cruz, directora de Casa Abierta y presidente de la Colisión por Derecho a la Vida de las Mujeres, dijo que la sociedad debe presionar para que este caso sea revisado detenidamente por las autoridades, ya que las niñas, adolecentes y las jóvenes, deben ser protegidas Ministerio Público, que debe asumir la responsabilidad que les compete.

“Aunque no están las víctimas, ya es una caso público. Hay niñas de 10 hasta los 17 años. Y todo esto muestra vulnerabilidad, falta de educación, de apoyo, de conciencia y sobre todo, que hay mucho temor para denunciar a quienes dedican a la práctica de traficar adolescentes, una red que implica crimen organización”, explicó Cruz.

Las instituciones que están dispuestas a llevar el caso hasta las últimas consecuencias son Núcleo de Apoyo a la Mujer, Profamilia, Acción Callejera, Coordinadoras de Mujeres del Cibao, Casa Abierta, Organización para el Desarrollo de la Mujer Dominicana, Fundación Vanessa, Fundación Mujer Iglesia, Programa Niños con Esperanza, entre otras.

Defensa. José Tamarez, abogado de Amarfis Altagracia Tavares, dijo que su cliente es inocente de los cargos que les imputan y que ha sido víctima de esas denuncias que, según expresó, no tienen fundamentos.