SAN PEDRO DE MACORIS. El conocimiento de la medida de coerción contra los dos procuradores fiscales adjuntos de San Pedro de Macorís, acusados de  recibir medio millón de pesos como extorsión, fue reenviado por la Corte de Apelación de esta ciudad para el lunes 31 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.

El juez Ramón Báez acogió la petición a la solicitud de los abogados Freddy Mateo Calderon, defensor de Solaine Vargas, de Esmeraldo del Rosario y de Pablo Ventura, representantes del fiscal Pedro Adael García.

Argumentó su decisión en la finalidad de garantizar el derecho de defensa de los detenidos y poner a disposición las pruebas que tiene el Ministerio Público para hacer los debidos reparos.

Salud de la fiscal Vargas. La fiscal Vargas Molina está recluida desde el pasado jueves en la Clínica Doctor Franklin Peña, afectada de presión alta y diabetes, pero fue llevada al juicio en una ambulancia, con suero puesto.

Ante el estado de salud de la magistrada, el juez Ramón Báez ordenó que fuera llevada de nuevo a la clínica, pero por órdenes de la fiscal titular Ingrid Pamela Rijo Caraballo, fue encerrada de nuevo en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, donde también guarda prisión el fiscal García.