El fracaso de las políticas neoliberales para conseguir los Objetivos del Milenio o para reducir la pobreza han reducido a joyas de biblioteca los enciclopédicos e inoperantes Planes Estratégicos que los municipios elaboraron -copy-paste- FODA y decálogo de necesidades incluidos-y que no pudieron realizar al no controlar la tierra, el suelo por no tener catastro municipal, incluyendo Santiago. Nuestro país es manejado por una administración central, reducida a una oficina presidencial, que no puede abarcar estrategias de desarrollo nacional, objetivos medioambientales posibles de ejecutar y prevenibles de desastres.
En América Latina somos los únicos en no tener POT, pero somos el único en tener un Presidente que cada domingo realiza la proeza, desde un vuelo de helicóptero, apoyar un proyecto de ajonjolí o de jengibre y declarar “que planifica el desarrollo”. El Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) es el único instrumento técnico a nivel del Gobierno Central que se asocia con objetivos de desarrollo territorial a escalas nacional y regional. Después de un análisis riguroso-sincrónico y dinámico de la realidad socio ambiental (modelos) busca modificar los desequilibrios del territorio a partir de obras de infraestructura de alto costo y proyectos de inversión, acompañados de incentivos fiscales y económicos, para inducir esas transformaciones espaciales deseadas como sería: 1º Hacer de Manzanillo y Pedernales polos industriales, los cuales provocarían un conjunto de efectos positivos en su región.
2º Mover Jimaní y con Elías Piña y Dajabón, hacer de ellas puertos fronterizos y zonas francas. 3º Hacer ciudades agrarias con un centro urbano consolidado rodeado de áreas agrícolas en formas de cooperativas de sorgo, sisal, algodón, café o fincas ganaderas modelos.
4º Ciudades intermedias para fijar poblaciones a partir de empleos administrativos provenientes de una descentralización efectiva del Estado. 5º Políticas costeras adecuadas al Cambio Climático. En cuanto al ordenamiento municipal (P.O.M), se asocia con políticas medioambientales de uso y ocupación del suelo del municipio, incluyendo su zona rural – los distritos municipales que no son entidades espaciales factibles -.
Las zonificaciones, en ese caso, se basan en categorías espaciales ambientales para las cuales se establecen los usos permitidos, prohibidos o restringidos, acompañados de instrumentos coercitivos o estimulantes y normas que dan soporte legal a los planes y definen mecanismos para resolver los conflictos generados: para eso, sirven los catastros municipales y las UGAM. Estas deben ayudar a la Defensa Civil previendo las consecuencias del Cambio Climático que ya afectan nuestro territorio y nos obligan a crear áreas de riesgo ambiental, a rediseñar las ciudades, a repensar la ocupación del suelo de montañas y sus vertientes, la zona costera y a revisar nuestras tecnologías constructivas, códigos y normas de construcción. Esas tareas son, por sí solas, un objetivo de planificación territorial a la luz de la urgente realidad planetaria, del Cambio Climático.