Lejos de pretender ver en la actual posición de la Iglesia Católica una especie de rompimiento con el Gobierno o pretender enfrentarla con argumentos manidos o por personajes carentes de credibilidad, debemos reflexionar como sociedad, gobernantes y gobernados, porque esos mensajes son un producto de una ponderada observación de la realidad institucional y las preocupaciones que la feligresía católica, mayoría de nuestro pueblo, transmite a los sacerdotes y obispos.
La Iglesia Católica siempre ha asumido actitudes responsables, incluso lo hizo en el momento más represivo de la dictadura de Rafael Trujillo, cuando en enero de 1960 los obispos emitieron la histórica Carta Pastoral, denunciando las violaciones a los derechos humanos; desde entonces en todos los gobiernos y circunstancias la voz de la Santa Madre Iglesia ha estado presente señalando los principales problemas nacionales.
En mi artículo anterior (“TSE no desacató sentencia TC”, publicado el Jueves Santo), destaqué como la “emboscada” del Procurador General en contra de la honorable jueza Miriam Germán Brito y las veladas amenazas del presidente del Senado en contra de los magistrados del TSE se habían convertido en una alerta que despertó la conciencia nacional.
Apenas iniciaba la Semana Mayor escribió un tuit el obispo de Peravia, Mons. Víctor Masalles: “Es una vergüenza la intromisión entre los poderes del Estado. La injusta y absurda presión al TSE es una muestra de que los intereses partidarios aplastan la justicia y debilitan así nuestra débil democracia”.
Más contundente fue el arzobispo metropolitano, Francisco Ozoria, un pastor sencillo y de perfil muy bajo, sin embargo en el programa de Huchi Lora señaló: “Lo que está pasando en la justicia es preocupante, es lamentable. Tenemos una estructura, unos poderes que no se respetan. Se ve claro que no hay una independencia de los poderes del Estado, entonces caemos en algo tan fuerte como en una dictadura; si no despertamos, vamos hacia allá”
Era lógico esperar que con esos precedentes el Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo en la Catedral Primada se enfocara en los cuestionamientos a la justicia, la corrupción, impunidad, la independencia de los poderes; pero quizás las autoridades no esperaban unos mensajes tan contundentes contrarios a una modificación constitucional.
“Aquellos que haciendo uso del fin justifican los medios pretenden, con intenciones mezquinas, perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna…..perdón a los que destruyen más nuestra institucionalidad olvidando que un país sin institucionalidad nunca avanzara”(Padre José Alberto Vargas en la Primera Palabra).
No creo que el país esté en peligro de una dictadura, sin embargo vamos camino a un deterioro de la democracia y baste estudiar el informe del PNUD, “Calidad Democrática en República Dominicana”, en donde con seis dimensiones de análisis, dividido en 23 componentes y 108 indicadores, el país obtiene calificaciones muy por debajo de la media regional y solo por encima de países como Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití. El informe pronostica con ese estado de cosas es posible que “aumente el riesgo de profundización del autoritarismo” (pág. 98)
Todos como sociedad debemos reflexionar sobre el mensaje de la Iglesia y evaluar fríamente los resultados del informe del PNUD, porque lo cierto es que ha habido grandes progresos sociales y un crecimiento con estabilidad, y eso lo reconoce el informe, sin embargo ese deterioro de la calidad de la democracia debe mover a preocupación a la clase política del país y al sistema de partidos. El momento es oportuno en una carrera electoral para plantear estos problemas y las soluciones que nos ayuden a corregir entuertos y a mejorar la calidad de nuestra democracia.