Hoy 
A juzgar por los resultados, la gran redada efectuada el viernes pasado en el ensanche Capotillo obliga a preguntar si vale la pena que este método de persecución del delito reemplace la labor de inteligencia.
Habrá que valorar si es correcto arrestar a trescientas personas para detectar entre ellas a veinticinco que ciertamente eran perseguidas por la justicia.
También, habrá que meditar sobre el hecho revelado nada menos que por el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier de que esta operación fue aprovechada por policías que se dedicaron a cobrar «peaje» para liberar detenidos.
Y no podríamos rehuir una reflexión en el sentido de que hemos creado unas garantías avanzadas para proteger las prerrogativas individuales, plasmadas en el Código Procesal Penal, para terminar suplantándolas con procedimientos que no encajan en un Estado de Derecho.
Dejamos claramente establecido que no estamos propugnando que se abandone la persecución del delito, sino que se evite a toda costa que la misma se preste a nuevos delitos, como la extorsión a detenidos revelada por Almeyda Rancier, que es una transgresión grosera por provenir nada menos que de la autoridad, o el hecho mismo de encerrar a gente que no tiene asuntos pendientes con la justicia.
Las criminalidad en boga tiene características que obligan a combatirla con el mayor apego posible a las leyes, a las pautas procesales que nos hemos dado presumiendo de un avance que revocamos en la práctica. El abuso, como por ejemplo el cobro de «peaje» o la extorsión para liberar detenidos, termina incentivando el delito, porque se vale de sus artes y prácticas, y habla su mismo lenguaje.
Hay que reflexionar sobre si vale la pena que después de una mejora salarial bien merecida por parte de los policías, se les continúe empleando en la tosca tarea de violar derechos, cuando debería haber un viraje hacia la labor de inteligencia como preámbulo a la captura certera y selectiva.
Veda
A juzgar por los resultados, la gran redada efectuada el viernes pasado en el ensanche Capotillo obliga a preguntar si vale la pena que este método de persecución del delito reemplace la labor de inteligencia.
Habrá que valorar si es correcto arrestar a trescientas personas para detectar entre ellas a veinticinco que ciertamente eran perseguidas por la justicia.
También, habrá que meditar sobre el hecho revelado nada menos que por el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier de que esta operación fue aprovechada por policías que se dedicaron a cobrar «peaje» para liberar detenidos.
Y no podríamos rehuir una reflexión en el sentido de que hemos creado unas garantías avanzadas para proteger las prerrogativas individuales, plasmadas en el Código Procesal Penal, para terminar suplantándolas con procedimientos que no encajan en un Estado de Derecho.
Dejamos claramente establecido que no estamos propugnando que se abandone la persecución del delito, sino que se evite a toda costa que la misma se preste a nuevos delitos, como la extorsión a detenidos revelada por Almeyda Rancier, que es una transgresión grosera por provenir nada menos que de la autoridad, o el hecho mismo de encerrar a gente que no tiene asuntos pendientes con la justicia.
Las criminalidad en boga tiene características que obligan a combatirla con el mayor apego posible a las leyes, a las pautas procesales que nos hemos dado presumiendo de un avance que revocamos en la práctica. El abuso, como por ejemplo el cobro de «peaje» o la extorsión para liberar detenidos, termina incentivando el delito, porque se vale de sus artes y prácticas, y habla su mismo lenguaje.
Hay que reflexionar sobre si vale la pena que después de una mejora salarial bien merecida por parte de los policías, se les continúe empleando en la tosca tarea de violar derechos, cuando debería haber un viraje hacia la labor de inteligencia como preámbulo a la captura certera y selectiva.
A muchos legisladores, y sobre todo a los partidos a los cuales pertenecen, les seduce el deseo de continuar propiciando cambios en la división territorial.
La finalidad de esta tendencia es bien sabida, pues lo que se procura es crear nuevas plazas para tratar de alojar militancia en posiciones congresionales y municipales y de la burocracia del Estado.
A propósito de estos deseos irrefrenables, es bueno traer a colación la advertencia hecha por el presidente de la Junta Central Electoral, Luis Arias, en el sentido de que la Ley Electoral prohíbe los cambios en la división territorial desde n año antes de las elecciones. Eso significa que no puede haber alteraciones en la materia señalada desde el 16 de este mes hasta la consumación de las elecciones congresionales y municipales del 16 de mayo del año próximo.
Si la razón no ha logrado disuadir a quienes promueven estos cambios, por los daños sociales y económicos que ocasionan, el peso de la Ley Electoral debe lograrlo. Y que Dios nos libre de que a uno que otro travieso se le ocurra motorizar cambios que están en gaveta antes de que empiece la veda que establece la Ley Electoral.
