La Asamblea Nacional de cualquier Estado-Nación debe ser el centro de su democracia y en consecuencia sus miembros deben poseer la suficiente legitimidad y las suficientes calidades para defender los intereses colectivos de los ciudadanos-electores que los seleccionan como sus representantes para servir de contrapeso y control al resto de poderes públicos.
Lamentablemente en nuestro país eso es una tarea inconclusa, nuestro poder legislativo es un cuerpo institucional sin alma propia y con sus capacidades políticas atrofiadas y subordinadas a los intereses del gobernante o partido de turno, el caudillo o la élite coyuntural que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo hace.
¿Qué tenemos que hacer para cambiar esta realidad?
El primer paso debe ser instalar en la conciencia colectiva la urgencia de aumentar la participación de la ciudadanía no partidaria en los asuntos públicos para servir de mecanismo de presión y contrapeso a los intereses particulares de las élites en control de las instituciones del Estado. Se debe legislar para facilitar la toma de decisiones colectivas a través de tecnología y de procedimientos de control democrático que eviten el secuestro del poder sobre los recursos públicos por una minoría abusadora e insaciable.
El segundo paso debe implicar la creación de incentivos de acceso de la ciudadanía a candidaturas a cargos congresuales sin que medien leyes electorales llenas de huecos y trampas y estatutos partidarios hechos a la medida para los sastres y modistas políticos que se pretenden perpetuar en puestos de control y relevancia en la opinión pública. La democracia real debe implicar la transparencia y la horizontalidad del acceso a la competencia por el poder.
El tercer paso debe ser el urgente incremento de las capacidades políticas de quienes pretenden representar en el congreso una proporción de la mayoría expresada en las urnas. Representar no puede ser un acto degradado y condicionado a la pequeña política de pactos de aposentos y compra de conciencias. Se necesitan en el congreso ciudadanos y ciudadanas con vocación de servicio y con ética rigurosa en el ejercicio de sus funciones, pero sobre todo con plena claridad de los qué, porqué y para qué de un legislador.
El cuarto paso debe implicar el profundo rediseño de la institucionalidad del poder legislativo, deben redefinirse sus funciones, sus alcances, sus normas internas, sus costos y sus amparos, sus sí y sus no, tenemos uno de los congresos más caros del mundo per cápita y en producción de resultados, nos urge recrear una asamblea más plural, más funcional y más eficiente para cumplir su rol de amparo ciudadano e institucional.
Por último, el quinto paso debe ser en este próximo mayo de 2020, presentar al país una oferta de candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de Diputados con espíritu de cuerpo y sentido de la historia, que se conviertan en legisladores con valores de honestidad, transparencia y dignidad y sobre todo unificados alrededor de una agenda de compromisos con la democracia política, la democracia económica y la democracia social. Necesitamos devolver la esperanza y la fe a tanta gente que desconfía de la política y los políticos dominicanos, con toda su razón.
Parece ser el momento justo, mientras asistimos al último espectáculo de degradación congresual, de comenzar a dar pasos concretos en busca de cambiar la política y los políticos que la practican de forma deficiente.
Tal vez sea el Distrito Nacional el primer faro de luz de la nueva democracia que nos espera y que nos merecemos después de tantos años de falsificación y corrupción institucional.
El futuro se construye hoy desde pasos concretos. ¿Nos acompañas?