Reflexiones ante la magnitud de un fraude con tarjetas. La clonación masiva de credenciales para beneficiarios del programa social Supérate, que representaría una defraudación para el Estado y los usuarios por 300 millones de pesos, impacta como algo más que una alarmante capacidad criminal en acción.

Habría que poner atención también a la vulnerabilidad que parece delatarse en los mecanismos de expedición y control de la asistencia comunitaria que podría haber sido aprovechada para contubernios que facilitaran un hurto gigantesco que no se compara con los riesgos y golpes que logran los delincuentes contra los entes privados que operan con tarjetas de crédito y débito pero que cuidan con celo sus intereses.

El accionar preventivo contra la corrupción debe ser el logro anticipado para propósitos oficiales de proteger patrimonios públicos y privados y no solo proceder cada vez que se va al encuentro con hechos cumplidos.

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El empleo de documentos que permitan el acceso a fondos oficiales y a la compra de bienes no debe escapar ni por un minuto a una estricta vigilancia desde dentro y fuera de las estructuras a cargo.

Lo primero a garantizar es que las tareas de confeccionar y distribuir impresos plásticos para consumos de los pobres estén a cargo de equipos administrativos de idoneidad previamente certificada por exhaustivas indagaciones.
Contra la eficacia de la burocracia estatal ha influido antes el persistente interés de asignar cargos por favoritismos personales o partidarios sobre otras consideraciones.