En el marco del Diálogo Nacional convocado por el Presidente de la República a través del Consejo Económico y Social (CES), desde el FOPPPREDOM hemos impulsado una propuesta para que se conozca una modificación a la Ley Orgánica del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos, con el fin de que puedan adecuarse y armonizarse dichas normativas con los derechos políticos y principios democráticos, puesto que en las últimas elecciones nos percatamos de varias falencias y oportunidades de mejorar las leyes electorales.

La manera en cómo se conoció y aprobó la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, creó un mamotreto jurídico que ha sido convertida en media Ley, porque el Tribunal Constitucional ha anulado varios artículos de dicha norma por contraponerse al texto constitucional, que desconociendo derechos inalienables de los ciudadanos obligó a los jueces a actuar en consecuencia.

La creación de la Mesa Temática # 13 fue constituida con la participación de los 28 partidos reconocidos, con la coordinación compartida de la Junta Central Electoral y el Consejo Económico y Social, se espera que esta conozca de las propuestas de reformas a las leyes antes mencionadas mediante un mecanismo de consenso que garantice que lo aceptado sea aprobado por las bancadas de los partidos en el Congreso Nacional, con el propósito de hacer realidad las tan necesarias reformas.

Para tales fines, el FOPPPREDOM tomó la iniciativa coordinada con la JCE de armar comisiones de trabajo para que se conozcan aún más rápido las reformas propuestas por el órgano comicial y las que de manera particular tienen los partidos políticos, estamos consciente de que tenemos que buscar una manera de crear consenso, para lograr tener los instrumentos legales con los que podamos organizar y realizar las elecciones venideras, que serán hasta ahora en dos procesos, el primero , a celebrarse en el mes de febrero, y el segundo, en mayo del año 2024.

Si no tenemos las leyes reformadas aprobadas en la próxima legislatura, que abre este próximo 27 de febrero, nos será imposible organizar los procesos internos de selección de candidaturas, bajo los criterios de cambios que aspiran los partidos y la sociedad, lo que nos obligaría a realizarlas con las normas establecidas, es decir, con las actuales leyes electorales, lo que sería todo un fiasco por razones que mencionaré, que son de todos conocidas y que mantendrán los altos niveles clientelares que acusa hoy el sistema político dominicano.

Asistir a un proceso electoral con las grandes disquisiciones que han creado estas leyes, que se contraponen en muchos artículos, una a la otra crea un gran caos, es por esto, que se mantendrán los mismos niveles de decadente representación que tiene el Congreso Nacional y las salas capitulares, igualmente, seguirá decidiendo el dinero ilegal las elecciones, la corrupción, el lavado y el narcotráfico seguirán ampliando sus ramificaciones y fortaleciendo sus espacios de participación, adueñándose de los principales poderes del Estado y desechando el auténtico liderazgo político y social que al no tener cuantiosos recursos económicos a la disposición, no pueden enfrentarse con los sectores a los que les sobra el capital ilícito.

Enumeraré una serie de preocupaciones que tienen los partidos y la misma Junta Central Electoral sobre algunos articulados de nuestro ordenamiento electoral, que discriminan la participación democrática, y otros que hacen inviable el escrutinio de los votos que emiten los electores en determinados niveles de elección, veamos:

1. El voto preferencial es pernicioso, y mantener el mismo será todo un desastre, la misma JCE en su propuesta avala que se cambie el mismo por lo menos en el nivel municipal (regidores y vocales), una de las razones esgrimida por el Pleno, es que hacer el escrutinio manual de miles de votos en favor de los candidatos preferenciales es un auténtico dolor de cabeza para los miembros de las mesas de los colegios electorales, mayor aún en las Juntas Municipales, donde se hace casi obligatorio los reconteos de votos, por las graves inexactitudes que tienen las resultados de las actas electorales;
2. Existen diferencias entre los mismos partidos en el mecanismo de distribución de los aportes económicos que hace el Estado a las organizaciones políticas, una parte de los partidos prefieren que se mantenga la fórmula actual, y que el gran reparto del 80% de estos fondos se entregue de manera igualitaria a los partidos que obtengan más del 5 % de votos en cualquier nivel de elección; la JCE y una amplia mayoría de partidos están de acuerdo con que se cambie el método, y se asigne una partida de un 30% igual a todas las fuerzas políticas reconocidas, y un 70% de estos recursos se asigne de acuerdo a los votos en promedio obtenidos por los partidos en las elecciones;
3. Concurren profundas diferencias sobre el límite del 20% de candidatura para las alianzas, no así la reservas por parte de las direcciones de los partidos sobre ese porcentaje de candidaturas, una gran cantidad de partidos visualiza impropio esa limitante para las alianzas, porque los partidos deben tener el derecho de pactar entre sí sin restricciones, solo aquella que nace de la lógica electoral y de la protección de los derechos de sus miembros, por lo que los partidos aspiran a que se modifique esa delimitante a los fines de realizar acuerdos electorales;
4. Creo necesario establecer los mecanismos para impedir lo que se denomina como transfuguismo electoral, que impedirán que precandidatos perdedores o candidatos electos renuncien de sus organizaciones y pasen a ser candidatos de otro partido o alianza en el mismo proceso electoral, algo que nos luce justo y necesario para evitar que algunos partidos logren seducir a los precandidatos o candidatos después de haber participado en procesos eleccionarios internos de otros partidos políticos;
5. Es interesante conocer la propuesta de modificación al régimen sancionatorio, que amplía las penalidades a los delitos y crímenes electorales, con el fin de reducir las acostumbradas compras de cédula de identidad, entre otros muy usados mecanismos fraudulentos utilizados en los procesos electorales, igualmente sería muy útil la creación de la Dirección de Investigación y Persecución de Delitos y Crímenes Electorales, organismo que sería parte del Ministerio Público Electoral, y que sería designado por el Consejo Superior del Ministerio Público.

Además de estos existen muchos cambios que se hacen necesario realizar, y que son de impostergable aplicación para hacer unas elecciones más transparentes y de absoluto crédito.

Los dirigentes de los partidos políticos debemos de actuar con mesura y madurez para entender que la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos nos conviene a todos, no se pueden ver fantasmas electorales para argüir el no conocimiento de las mismas, existen planteamientos de la JCE y de las propias organizaciones políticas que resultan objetivos e imprescindibles para realizar unos comicios ejemplarizadores; ver que X o cuál artículo favorece a determinado polo o facción, es ver la política y los fenómenos sociales de forma sesgada, porque las cosas cambian y lo que hoy puede favorecer a unos, mañana puede ser a otros, al final existen trajes a la medida que después no le caben a quién lo mando a hacer, ese es el caso del danilismo gobernante, que creyó que le favorecerían las leyes núms. 33/18 y 15/19 y la impusieron de forma “non santas”, pero para lo único que les sirvió fue para clavar su propia tumba electoral, porque con las mismas elecciones perdieron estrepitosamente en todos los niveles de elección.

FOPPPREDOM apoya la iniciativa presidencial del diálogo nacional para las reformas que fortalecerán la democracia y al sistema de partidos, el enanismo mental no cabe en estos momentos, el sectarismo menos, porque existe una sociedad que nos exige mayor transparencia y una ciudadanía que pide a gritos que los partidos actuemos en consecuencia, y no escucharlos será telúrico contra nosotros, porque aumentará el descrecimiento y la desconfianza a los partidos, y ahí precisamente estará el terreno fértil de la antipolítica.

El Pleno de la JCE, encabezado por el magistrado Román Jáquez Liranzo, están haciendo un esfuerzo por hacer que las cosas se hagan bien y que el soberano se exprese de manera libérrima, y que se respete su decisión, preocupados están, porque necesitan las herramientas legales a los fines de lograrlo, y tenemos que apoyarlos en esa cruzada por la transparencia.

Las comisiones de trabajo realizarán las encomiendas asignadas, y esperamos que los resultados de las mismas sean conocidas y aprobadas de consenso en la mesa temática creada al efecto y que la plenaria del Diálogo Nacional ratifique lo aprobado en dicha mesa, para que de inmediato la Junta Central Electoral sin dilación pueda enviar, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, las propuestas de modificación a la Ley Orgánica del Régimen Electoral y la de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que estén armónicas y se completen con las funciones propias del Ministerio Público Electoral, y por fin tengamos el anhelado Código Electoral dominicano.