POR JOCHI VICENTE
En este país los intentos de hacer reformas fiscales por lo general acaban mal. Aquí tratamos los cambios en la legislación fiscal como si se tratara de inventar la pólvora. Dado un objetivo de política económica todo está escrito, aunque de pereza ir al libro. Sin embargo, en Dominicana se tiende a asumir que distintos impuestos, aunque recauden lo mismo, no impactaran de forma distinta el nivel de actividad económica, la capacidad de consumir e invertir. Hay pocas cosas tan poco neutras como los impuestos.

Hace casi tres años, en las puertas del mal llamado «paquetico», en su discurso frente a la Cámara Americana, el empresario Roberto Bonetti utilizó la expresión «O jugamos todos, o se rompe la baraja», refiriéndose a la necesidad de gravar con ITBIS a todos los productos, eliminando las exenciones. Desafortunadamente en ese entonces, al igual que en las anteriores reformas, se rompió la baraja.

Como país, no nos podemos seguir dando el lujo de realizar reformas fiscales al vapor. En los últimos 5 años hemos realizado tres reformas fiscales sin haber modificado sustancialmente la estructura impositiva con algún propósito concreto (por lo menos discernible). Ahora resulta que necesitamos otra para seguir «compensado» pérdidas de ingresos.

Es tanta la improvisación que se han establecido impuestos que posteriormente hay que reducir por la vía administrativa (selectivo y aranceles a los vehículos, por ejemplo); hay tanta holgazanería en la gestión de las autoridades que otros tributos han sido reducidos para empresas especificas, como una forma de compensarlas por la flagrante evasión de sus competidores (caso del 1.5%). Se diseñan reformas con cierto grado de racionalidad y los grupos de interés las desbaratan «convenciendo» al ejecutivo o al legislativo de lo «conveniente» de que no se toquen esos intereses.

Y estas cosas pasan, en palabras del decano de la escuela de economía de Harvard, Lester Turow, por la falta de una clase dirigente empresarial, incapaz de erradicar la oligarquía y por la primacía que tiene lo mercurial sobre cualquier cosa en la clase política.

Mientras las asociaciones empresariales utilizan un discurso de desarrollo, algunos de sus socios «cocinan» acuerdos con el Ejecutivo o el Congreso para que la bofetada impositiva se le evite a ellos y se le pegue a otro sector sin ningún tipo de racionalidad o acuerdo, ni siquiera fuera del aspecto puramente fiscal. En cuestiones impositivas es difícil (casi imposible) tener consenso, dado que a nadie le gusta que le pongan impuestos. Sin embargo, todo tiene un límite. No podemos seguir gravando a los sectores que tradicionalmente pagan. No es razonable que sectores tengan en la evasión su mejor arma para competir. No podemos seguir cambiando proyectos de leyes razonablemente consensuados, minutos antes de su aprobación.

Esta forma de actuar es lo que nos ha llevado a tener la comisión cambiara en un 13%. Como el Ejecutivo no pudo conseguir lo que quería vía la reforma, lo hizo a través de la vía administrativa. Ahora enfrentamos un gran reto, tenemos que desmontar este «monstruo impositivo» para cumplir con las reglas de la OMC. La bofetada viene grande, más grande. Y ahora ya no hay espacio para esa gradualidad que tanto nos gusta.

Por otro lado, nuestra clase política en vez de contribuir a crear un clima que fomente el pago de impuestos, lo que propicia es todo lo contrario. No existe transparencia suficiente. Las asociaciones empresariales reclaman la publicación del listado de los contribuyentes que pagan pero es como predicar en el desierto. Hace como 3 años, un día la DGA publicó el listado de los impuestos recolectados, por empresa. Al día siguiente se suspendió la incipiente práctica por no ser «conveniente».

Ahora viene la reforma y todos los grupos potencialmente afectados entienden que se han preparado para la contienda, que han logrado las vías de acceso a los tomadores de decisiones, que han comprado los seguros de vida.

Una reflexión para ellos, sacada de la «teoría de los juegos» y aplicable a esta situación: cuando todos los agentes actúan así, al mismo tiempo, la consecuencia no es una subasta. Cuando lo que quiere comprar no es público, un precio razonable es suficiente. Todos los jugadores llegaran al precio razonable. Consecuentemente la consecuencia es una lotería.

Harían bien los jugadores evitando la lotería y llevando un consenso. Sale más barato y es más conveniente para todos.

Dos reflexiones finales que serán objeto de otro articulo: Sin una administración tributaria eficiente y que actúe contra los intocables evasores de siempre ninguna reforma será justa y por tanto el incentivo a evasor continuará porque nadie quiere ser mas tonto (con P) que el otro. Y es fundamental también que el Gobierno no bote el dinero (tema que trataremos en otro artículo). Mientras la gente sienta que sus impuestos sean para que se los robe otro o para alimentar el clientelismo político.