RAFAEL TORIBIO
El acontecer político nuestro, además de entretenido, y a veces preocupante, por las variadas cosas que se suceden, algunas insólitas, también es rico en experiencias, lecciones y enseñanzas. No siempre nos percatamos de todas ellas porque somos actores o espectadores al momento que ocurren, por lo cual se nos dificulta «cosificarlas» y poder reflexionar sobre ellas. En esta entrega compartiré algunos asuntos que en materia política, por lo menos, debieran llamar nuestra atención.

Avanzamos: antes, a la persona que ejercía la Presidencia de la República se la confundía con el generalísimo o con el benefactor; ahora es con el Presidente. Ahora sí, luego no: mientras está en la oposición, la sociedad civil es considerada por el partido que busca el poder como aliada, cuando no del mismo color partidario. Defiende las mejores causas de la nación, que coinciden, en ese momento, con las que defiende el partido. Ya en el poder, el partido y el gobierno consideran que la sociedad civil se ha pasado a la oposición, sólo por seguir haciendo lo que antes hacía: reclamar que la gobiernen bien.

Corrupción y persecución: toda acusación de corrupción contra un funcionario del anterior gobierno es considerada como persecución política. Y así parece que tendrá que ser porque si el gobierno de turno no acusa y traduce a la justicia a sus funcionarios que cometen actos de corrupción, esta responsabilidad tiene que ser asumida por el que le sucede, y entonces es catalogada de persecución política.

Emergentes siempre: hay una buena cantidad de partidos en nuestro sistema político que tienen por vocación, ¿o conveniencia?, ser permanentemente emergentes. Nacieron, hace ya muchos años, como emergentes, son emergentes aún, y a través de las alianzas que evitan que les cuente los votos de manera individual, serán siempre emergentes. Han logrado una mayoría de edad, sin llegar a ser opción de poder, permaneciendo todavía como partidos emergentes.

Pretexto: frente a un reclamo que si se materializa, aunque beneficia a la ciudadanía perjudica a algunos sectores, varios gobiernos buscan que se apruebe por una ley del Congreso lo que puede establecerse mediante un decreto del Ejecutivo. Es lo que ha sucedido hasta el momento respecto a la regulación de la contratación de obras, bienes y servicios del Estado, como también el establecimiento de sueldo a los cónsules, en vez de un porcentaje sobre las recaudaciones.

Viva el clientelismo: la defensa de la estabilidad y la profesionalidad en los cargos de la administración pública se realiza después de haber sustituido a los que pertenecían al partido que perdió las elecciones. Después de haber nombrado a los militantes del partido ganador, aunque siempre hay descontentos porque los cargos son menos que los aspirantes, se considera una injusticia que un nuevo gobierno haga lo mismo. Lo que nadie hace es aplicar lo establecido en la ley para entrar y para permanecer como funcionario público.

Pública y privada: desde hace algún tiempo nos hemos percatado de que la corrupción no es una debilidad particular del sector público, sino que también se da en el privado. La quiebra fraudulenta de tres bancos, que ha representado la desaparición de cerca del 20% del PIB y terribles consecuencias en la economía del país y en el bienestar de las personas, evidencia que la corrupción privada puede superar con creces a la pública.

Para todo, menos para lo más importante: hasta ahora ninguna reforma fiscal se ha hecho para obtener los recursos económicos necesarios para asegurar el desarrollo humano de los que habitamos esta media isla. Todas las realizadas hasta ahora han tenido como propósito cubrir déficit, pagar deudas y cumplir condicionalidades establecidas por organismos externos de cooperación. ¿Cuándo haremos una para invertir en el desarrollo de las personas? La acordada para ser «negociada» en este año y aprobada en el que viene puede ser la oportunidad esperada.

Continuidad, a veces: la continuidad del Estado no llega hasta asumir los proyectos y planes iniciados por el gobierno anterior, a no ser que puedan ser inaugurados por el nuevo gobierno y, a veces, ni siquiera se está dispuesto a eso. Asumir, continuar y hacer llegar a feliz término una iniciativa del pasado gobierno puede dar lugar a que los beneficios políticos sean atribuidos al que la inició y no al que la concluyó. Por eso no se asumen como propias, sino que se desconocen o abandonan.

Visión de Gobierno en vez de Estado: si el objetivo después de llegar al poder es ejercerlo más para beneficio de los nuestros que de los demás, y permanecer en él lo mas que se pueda, sea por la reelección de una persona o del partido, ¿por qué invertir en lo que sólo produce una rentabilidad política a largo plazo, como educación y salud? Interesa fundamentalmente lo que reporta dividendos políticos a los cuatro años. Tregua en vez de pacto: Se dice que poco a poco, mas fuera del marco institucional que dentro de él, se ha ido construyendo en el país una cultura del diálogo y la concertación. En muchas ocasiones, sin embargo, la llamada al diálogo y a la búsqueda de la concertación, materializada en un pacto, se realiza cuando se ha producido ya un conflicto. En esos casos, el objetivo es poner término a la situación, no tanto resolver el problema.

Hable si puede pagar: después del fallo en el juicio Hernani – Vincho, todos hemos recibido el mensaje de que no hay ningún problema para el ejercicio de la libertad de expresión, siempre y cuando se tenga un patrimonio para pagar la indemnización. De ahora en adelante habrá que tener mucho cuidado para evitar que al que no se ha difamando se quede finalmente con tu patrimonio.