CARLOS JEREMÍAS SANTANA
El Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, ha declarado su compromiso firme e inequívoco de resolver la problemática del sector eléctrico dominicano para el año 2012.

En el acto de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero del corriente año, dejó establecido ese compromiso con las siguientes palabras: En definitiva, los avances mostrados en la recuperación del sector eléctrico nos permiten asegurar que a mas tardar en el año 2012 se habrán erradicado definitivamente los apagones, se habrá terminado de electrificar todo el país y se habrán reducido significativamente los precios de la energía a los consumidores. Y como queriendo dramatizar la seriedad de su decisión, agregó la siguiente expresión: Sólo entonces podremos decir que RD entró al siglo XXI.

El compromiso asumido por el presidente Fernández implica una tremenda responsabilidad y un enorme desafío para todas las entidades estatales que actúan en el sector eléctrico, particularmente para la CDEEE, que como institución líder y coordinadora de las empresas estatales del sector, está llamada a liderar el esfuerzo titánico que será necesario hacer para honrar la palabra empeñada por el Presidente.

Dado el dilatado periodo de desarrollo de los proyectos de generación, especialmente los basados en el uso de carbón mineral, es imperativo tomar decisiones graves en los próximos meses, de forma que se de inicio a la instalación de 600 MW nuevos a carbón y a la conversión a gas natural de la central CESPM (Cogentrix), antes de que termine el actual periodo gubernamental. Durante el primer semestre del 2009 deberán comenzar los trabajos de instalación de 600 MW adicionales, también a carbón mineral.

La concreción de un plan de expansión tan enérgico y ambicioso solo será posible por la acción también enérgica y decidida del Estad, como lo demuestra la experiencia vivida con los proyectos de generación licitados por la CDEEE a principios del 2006, los cuales no han comenzado a ser ejecutados, a pesar de que los consorcios privados adjudicatarios de los mismos han recibido todas las garantías necesarias para su implementación.

Lo que se propone no es un cambio en el modelo de organización del sector eléctrico, promoviendo la intervención del Estado en calidad de propietario y operador de centrales térmicas, sino el reconocimiento de las limitaciones del modelo actual, por un lado, y de la insuficiencia financiera en que se desenvuelve el sector, por el otro, que desincentiva la inversión en nueva generación por parte de las empresas privadas o capitalizadas.

De lo que se trata, entonces, es de la necesidad de que el Estado intervenga en forma puntual para garantizar que los proyectos de generación arranquen y terminen en el tiempo oportuno, de manera que las nuevas unidades entren en servicio a partir del año 2010, para que hacia finales del 2012 el país cuente con al menos 1200 MW en nuevas unidades generadoras de mínimo costo. Lo deseable es que estos proyectos sean ejecutados por empresas privadas o de capital mixto, como son las generadoras capitalizadas, pero siempre dentro de los plazos indicados. Es muy improbable, sin embargo, que el sector privado pueda asumir por si solo la magnitud de éste desafío, por lo que el Estado tendría que aportar parte de los recursos financieros a ser invertidos.

La suma de voluntad política necesaria para que el Estado Dominicano juegue un rol como el propuesto, implica el reconocimiento de que la prestación del servicio de electricidad es una responsabilidad irrenunciable del Estado, por tratarse de un servicio público de primera necesidad. No importa cuan importante sea el papel que juegue el sector privado, como inversionista, propietario y operador de las obras eléctricas, para el ciudadano común y la sociedad en su conjunto el responsable siempre será el Estado y, más concretamente, el gobierno de turno.

Organización. El modelo de organización del sector eléctrico dominicano es resultado de dos eventos principales: a) La capitalización de las áreas de generación térmica y distribución de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), realizada en el año 1999; y, b) La recompra de las distribuidoras EdeSur y EdeNorte por parte del gobierno anterior.

El modelo de funcionamiento del sector eléctrico, sin embargo, no responde tanto a la capitalización de la CDE como a los contratos del denominado Acuerdo de Madrid. Esto así porque el éxito del modelo establecido por la capitalización estaba supeditado a una premisa fundamental que fue anulada por el Acuerdo de Madrid, como era la existencia de un mercado competitivo sometido a verdaderas reglas de mercado, en el que los generadores competirían entre si por el derecho de suplir la energía a las empresas distribuidoras.

Los contratos de compra-venta de electricidad serian de corto o mediano plazo, por lo que las distribuidoras tendrían la oportunidad de hacer frecuentes licitaciones para contratar sus suministros; por otro lado, el mercado spot habría de representar la mayor parte de las transacciones de energía entre los agentes.

Todo lo anterior fue convertido en letra muerta por el Acuerdo de Madrid, que no solo eliminó el esquema de desmonte de la potencia originalmente contratada entre generadores y distribuidores al momento de la capitalización, sino que extendió por 12 años los contratos originales, con lo que su duración total paso a ser de 17 años, esto es, hasta el 2016. Y todo a cambio de una reducción en el precio de la energía que, aunque significativa, se fundamentó en una fórmula de precios mal concebida, que en el largo plazo ha generado perjuicios incomparablemente más grandes que el beneficio que representó en su momento.

Insistimos en que no se trata de una cuestión de carácter ideológico; se trata de reconocer una realidad y adoptar una posición pragmática. La reestructuración del parque de generación térmica tiene que hacerse, las nuevas centrales a carbón tienen que construirse y la conversión de Cogentrix, y otras unidades que actualmente consumen combustibles derivados del petróleo, tiene que realizarse. Si el sector privado no está en capacidad de asumir por sí solo estos desafíos, el gobierno forzosamente tendrá que intervenir.

Problemas estructurales
La rentabilidad del sector de generación de electricidad, como del sector eléctrico dominicano en su conjunto, esta afectada por factores estructurales de diversa índole, entre los que se destacan los siguientes: 1) El limitado potencial hidroeléctrico de nuestro país, por nuestra condición insular y reducida extensión territorial; 2) La inexistencia en nuestro territorio de reservas de combustibles fósiles explotables a nivel comercial, lo que nos convierte en un importador neto de combustibles; 3) La conformación de nuestro parque de generación térmica, integrado principalmente por unidades que utilizan combustibles derivados del petróleo, por lo que más del 50% de nuestra producción de electricidad depende de dichos combustibles; y, 4) Los elevados niveles de pobreza que todavía existen en el país, que determinan que amplios grupos poblacionales carezcan de recursos suficientes para pagar el costo de la energía eléctrica que tendrían que consumir para tener una vida digna.

A la incidencia de estos factores estructurales hay que sumar el efecto de un factor de carácter coyuntural, que es la llamada cultura del no pago de los servicios públicos; esto es, el fenómeno social que se manifiesta como la resistencia, o la negativa, de muchos sectores pudientes o de altos ingresos a pagar la energía eléctrica que consumen.

La conjunción de estos factores determina que tanto los costos de la generación como las pérdidas en distribución y comercialización sean anormalmente elevados en nuestro país, lo que debería afectar por igual la rentabilidad de empresas generadoras y distribuidoras.

La realidad es otra, sin embargo, ya que sólo las Distribuidoras están confrontando perdidas financieras en forma permanente, mientras que las empresas generadoras están obteniendo beneficios significativos. La razón está en la existencia de los contratos del Acuerdo de Madrid, que contienen una fórmula de precios de la energía que permite a los generadores, no solo compensar los incrementos en el precio de los combustibles, sino aún aumentar la rentabilidad de sus negocios a medida que dichos precios se incrementan.

El hecho anormal de que los beneficios de una empresa generadora aumenten a medida que sube el precio de la materia prima que utiliza, que no es otra cosa que el combustible, se explica por el fenómeno que hemos denominado como Sobreindexación del Componente Combustible, causado por la mala estructuración de la fórmula de precios, que no transfiere el incremento en los costos del combustible en forma transparente al comprador de la energía (las Distribuidoras), sino que produce ganancias extras al productor y vendedor de la energía (los Generadores).

En este escenario es el gobierno dominicano el que carga con el peso de la insostenibilidad financiera del sector, ya que se ve obligado a financiar el déficit de las empresas distribuidoras.

LA CIFRA

1,200 megavatios nuevos deben estar incorporados al sistema, con una inversión mínima, para el año 2012, para lo cual el Estado debe intervenir para garantizar que los proyectos que están en carpeta arranquen y su construcción finalice en el tiempo oportuno, para que inicien sus aportes al sistema en el 2010.

ZOOM

Rentabilidad vs riesgos
El beneficio extra que la fórmula de precios vigente otorga a los generadores adscritos al Acuerdo de Madrid no es extensivo a ninguna nueva empresa. Cualquier nuevo generador tendrá que apoyarse en una fórmula transparente, en precios de venta razonables. Por eso, es pertinente evaluar las perspectivas de rentabilidad de los nuevos proyectos de generación térmica, en un escenario caracterizado por el aumento en los costos de todos los materiales.

En RD, en cambio, la industria eléctrica es percibida como un sector económico de alto riesgo, por el elevado nivel de pérdidas e insuficiencia financiera. Si el riesgo es alto, entonces la rentabilidad de los proyectos de generación tiene que ser más elevada que en los países desarrollados, probablemente en el orden de 20-25%. Tasas de retorno de esa magnitud sólo podrían obtenerse con precios de venta de la energía relativamente elevados, lo que contribuiría a reforzar los problemas que aquejan el sector.

Si ese es el caso podría ser inevitable, un giro hacía la ampliación y consolidación del modelo de empresas mixtas en el área de generación térmica, vigente desde la creación de las generadoras capitalizadas EgeItabo y EgeHaina, pero que vaya más allá, con la asociación del Estado a nuevos agentes de generación. Estamos seguros que este tema estará en el centro del debate en los próximos meses.