JOSÉ ENRIQUE BÁEZ UREÑA
Desde finales de los años setenta la población dominicana comenzó a mostrar un cierto interés por participar directamente en los primeros esfuerzos para revertir los avances de la deforestación en el territorio nacional.

A través de jornadas de reforestación coordinadas por la Dirección General Forestal (en ese entonces denominadas por los militares «operativos de reforestación»), son convocados los empleados de algunas instituciones públicas a participar en dichas actividades.

A partir del año 1988 se incrementa la participación de la sociedad civil en las labores de reforestación del país, con la aprobación e implementación de la ordenanza No. 4-88, mediante la cual los estudiantes deben prestar un servicio a la nación como prerrequisito para recibir su título de bachiller.

A finales de los ochenta y principios de la década del noventa, la deforestación acumulada alcanza quizás los niveles más alarmantes en la República Dominicana y probablemente en el mundo.

De esta situación se derivan en el plano local acciones legales, proyectos y programas a nivel gubernamental, así como múltiples iniciativas de ONG, del sector privado y de ciudadanos (as) en general, sensibilizados, y al mismo tiempo alarmados por las consecuencias funestas que se veían venir ante la reducción permanente de los caudales de aguas de nuestras fuentes acuíferas.

En el marco internacional, la cumbre sobre medio ambiente celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992, convocó a todos los gobiernos y pueblos del mundo a discutir la problemática ambiental del planeta, llamando la atención sobre la creciente deforestación y la pérdida constante de la biodiversidad.

Con la realización de esta cumbre se dinamiza aún más la participación de la sociedad civil en las diferentes iniciativas nacionales e internacionales relativas a la problemática ambiental mundial.

A principios del año 1997 mientras en el plano internacional se organizaba Río + 5, para dar seguimiento a los acuerdos de la cumbre citada, en nuestro país se anunciaba la puesta en marcha del plan nacional de reforestación más amplio y participativo conocido hasta ese entonces en la historia forestal dominicana.

Con la implementación del Plan Nacional Quisqueya Verde se ensancha y se afianza la dinámica de participación de la sociedad civil en la noble tarea de reforestar nuestro país.

Posteriormente con la declaración de octubre como Mes de la Reforestación y la invitación a todos los sectores de la sociedad (empleados públicos y privados, ONG, estudiantes, artistas, iglesias, partidos políticos y otros) a participar en las jornadas de plantación de árboles en las principales cuencas hidrográficas y zonas deforestadas del país, se abre un nuevo capítulo en la integración de los dominicanos (as) a las labores de reforestación en todo el territorio nacional.

Sin lugar a dudas, podemos afirmar que con la implementación del Plan Nacional Quisqueya Verde se consagra en nuestro país la reforestación participativa, con lo cual se ha fortalecido significativamente la sensibilidad y la conciencia nacional sobre la problemática ambiental, tanto local como internacional.