Hoy 
POR ALEIDA PLASENCIA
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) advirtió ayer que requerir modificaciones importantes al suministro de informaciones de parte de los intermediarios financieros, en el marco de la reforma fiscal, podría afectar el secreto bancario.
En una carta dirigida a la comisión permanente de Finanzas de la Cámara de Diputados, el CONEP resalta también que con los cambios que se proponen a dicho proyecto de ley, de defender las controversias entre los contribuyentes y la administración tributaria, se afectaría el ordenamiento judicial existente y el derecho de defensa de los perjudicados.
La carta, firmada por la presidenta del CONEP, Elena Viyella de Paliza, entregada ayer a la referida comisión, expresa que una reforma integral significa que deben abordarse los tres componentes esenciales de la misma: ingresos, gastos y la administración tributaria.
«De nada serviría aumentar las cargas impositivas si al mismo tiempo, no priorizamos la modernización de las instituciones del Estado, la aplicación de una correcta austeridad en el gasto y propiciar una mayor transparencia en la asignación de recursos de los contribuyentes y la racionalización y reducción del gasto público», señala.
Considera que la reforma fiscal no debe ser meramente recaudatoria, sino que debe incluir también medidas modernizantes en su administración, para que disminuya la evasión, aumente la capacidad de recaudación de ingresos y elimine la discrecionalidad de los funcionarios del Estado.
Señala que es indispensable que el Estado mejore la calidad del gasto público, que focalice y optimice la asignación de recursos de los contribuyentes en aquellos que más los necesitan, priorizando principalmente sus gastos en la educación y la salud de la población.
«Es fundamental que se fortalezca el rol regulador y fiscalizador del Estado y que se tomen acciones para motorizar el desarrollo, vía la inversión del sector privado para que haya mayor creación de empleos y condiciones para la creación de más riquezas para distribuir», sostiene.
El CONEP considera también que el contribuyente se incorpora con mayor gusto a la reforma fiscal, cuando constata racionalidad en el gasto público, la eliminación de dispendios en la administración pública y un manejo austero y pulcro de sus aportes al fisco.
Plantea que es imprescindible que el Estado promueva las condiciones necesarias para vigorizar la producción de bienes y servicios, fomentando y facilitando las exportaciones de éstos y eliminando barreras y distorsiones a la competitividad.
Añade que hay que colocar las empresas del país en condiciones de competir de igual a igual con las empresas de los países con los cuales nos hemos abierto al comercio y a la inversión.
«Estamos conscientes de que nos tocará una cuota de sacrificios y responsabilidad en la solución de esta crisis, la cual estamos dispuestos a aceptar en un marco de equidad», indica.
Considera fundamental que se ataquen las causas de los problemas y no las consecuencias.
De no hacerlo ahora, se crearía irremisiblemente de nuevo, tener que hacer otra reforma tributaria en tres o cuatro años, sin haber resuelto las causas esenciales de la crisis que nos afecta, señala.
El denominado déficit cuasi-fiscal del Banco Central -dice- debe resolverse vía soluciones de mercado, pero de ninguna manera puede pretenderse solucionar un problema monetario por la vía fiscal, ya que podría provocar una recesión mayor aún de la que existe.
En consecuencia, «exhortamos a los honorables legisladores integrantes de esta distinguida comisión, a ponderar, reflexionar y actuar con prudencia para que el Poder Legislativo propicie una reforma fiscal integral como la que fundamentamos en esta correspondencia, con el objeto de que se constituya en un verdadero instrumento de desarrollo, sobre todo, en un marco caracterizado por la globalización de los mercados y la necesaria competitividad existente en los mismos y evitemos así mayores calamidades a la nación dominicana».
Resalta que el sector empresarial agrupado en el CONEP, sigue comprometido con invertir en el desarrollo del país a los fines de generar empleos y en cuyo futuro creen y se sienten fuertemente compromisarios.
