Dentro del marco de las discusiones sobre la reforma fiscal, la reforma al sector eléctrico debe estar entre los temas que deben ser abordados. Históricamente, la crisis en el sector eléctrico ha sido la némesis del desarrollo sostenido en el ámbito económico y social del país. Muchos expertos la atribuían al exceso de burocracia parasitaria en el sector, a la falta de eficiencia en el cobro de la energía y a la baja generación, lo cual hacía insostenible su permanencia a largo plazo. Por eso, se alzaron muchas voces a favor de la privatización del sector.

En su reporte «Fiscal Reform Can Help Dominican Republic Attract Greater Investment», el Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que es urgente para la República Dominicana abordar las deficiencias que han imperado en el sector a largo plazo, incluyendo las pérdidas financieras exorbitantes que han oscilado entre el 1 % y 2 % del PIB. De igual manera, en el mismo informe, el FMI indica que, si el Gobierno dominicano lograra reducir las pérdidas a la mitad, esto tendría un impacto positivo en el PIB del 0.3 % en 10 años.

A finales de la década de los 90 del siglo pasado se llevó a cabo un proceso de capitalización del sector. Dicha capitalización fue hecha con poca transparencia y con problemas estructurales que hoy han llevado al sector a la bancarrota y al aumento del subsidio directo al sector por parte del Gobierno. El principal error de la capitalización fue dividir el sector por partes y no de una manera vertical. Es decir, la capitalización dio como resultado que una empresa generaba la energía, otra la distribuía y otra la cobraba, en vez de llevar a cabo el proceso de una forma conjunta por una sola empresa.

De acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Energía y Minas, entre 2010 y 2023 el promedio de las pérdidas de las distribuidoras ha sido del 32.2 %, alcanzando su nivel más alto en 2023 con un 36 %; mientras que su nivel más bajo fue en 2019 con un 27 %. De acuerdo con el Boletín de Distribución y Comercialización de Energía de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, publicado por el Ministerio de Energía y Minas, correspondiente al mes de abril de 2024, las pérdidas alcanzaron un nivel más alto en términos interanuales, llegando al 37 %. Sin embargo, el suministro de energía en el mismo período alcanzó un máximo histórico del 98 % de la demanda de energía.

Según cifras publicadas por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), el déficit del sector eléctrico en 2023 fue del 1.28 % del PIB, lo que representó un monto de US$1,536 millones. Esta cifra es alarmante para la sostenibilidad de las finanzas públicas, y el 73 % de las pérdidas del sector se deben a las distribuidoras. Por consiguiente, la reforma al sector eléctrico no puede hacerse esperar, y todos debemos aportar un granito de arena para una solución definitiva. Primero, el Gobierno debe definir claramente el marco regulatorio y qué hará con las distribuidoras: privatizarlas o mantenerlas en manos del Estado. Si las distribuidoras van a permanecer en manos del Estado dominicano, el Gobierno debe gestionarlas con un estilo de administración moderna, dejando de lado los vicios de la ineficiencia y la política partidista.

El pueblo dominicano demanda del Estado servicios públicos de calidad de primer mundo, pero quiere pagar precios del tercer mundo, y eso no es posible para garantizar el desarrollo sostenible de la nación. Para proveer servicios públicos de calidad, como la energía, se necesitan recursos para hacer las inversiones que requiere el sector, y eso se logra con una presión tributaria más alta, no con una presión tributaria del 14.3 % del PIB como lo es en la actualidad. Además, se deben sincerar los precios de los servicios, por lo que el Gobierno debe iniciar un ajuste de la tarifa, lo cual ayudaría a la reducción del déficit y podría llevar a su eventual desaparición. Una reducción del déficit tendría un impacto significativo en el crecimiento a largo plazo del PIB, un mayor aumento de la inversión pública y el mejoramiento sustancial de otros servicios.

El Gobierno no puede seguir dando un récord histórico de satisfacción de la demanda de energía cobrando por debajo de esa oferta energética. El índice de cobranza puede ser mejorado implementando un sistema prepagado de energía, ya que así se evitarían pérdidas por concepto de robo de energía. El sistema prepago de energía ha demostrado ser exitoso en otros países con problemas similares al de la República Dominicana, como es el caso de Sudáfrica, que logró mejorar la eficiencia del sector eléctrico con la implementación de este sistema, ya que el nivel de cobro era muy bajo debido al bajo nivel de generación (ya no es el caso de la República Dominicana) y al robo de energía. En pocas palabras, la solución a este flagelo está a la vista de todos, lo único que hace falta es una verdadera voluntad política para solucionarlo, porque no podemos seguir hundiendo más recursos allí ni castigar a la población con más impuestos para destinarlos a un barril sin fondo, que es lo que representa el sector eléctrico en estos momentos.