Desde que el presidente Leonel Fernández introdujo el tema la reforma constitucional en el 2004, consideré que lo mejor era no modificar la Constitución completamente, porque en República Dominicana no había condiciones políticas para hacerlo bien desde el punto de vista democrático.

Estaba segura que se incluirían muchos derechos amparados en el llamado constitucionalismo social, que en la práctica no se cumplen, porque los gobiernos los ignoran cuando formulan políticas públicas en salud, educación, vivienda o medio ambiente.

Esos derechos alargan la Constitución (la nueva duplica en número de artículos la anterior) y dan la apariencia de progresismo democrático. Pero es un simple espejismo.

Ahora veremos cómo la nueva Constitución dominicana será violada año tras año porque los gobiernos no impulsarán políticas públicas que garanticen los derechos sociales que consagra.

Veremos también a los promotores de la nueva Constitución culpando al pueblo de que no se cumplen porque la ciudadanía no lucha por ellos.

Y escucharemos esas mismas voces calificando de revoltosos a quienes demanden el cumplimiento de los derechos sociales consagrados constitucionalmente.

Así quedarán sepultados los derechos y las revueltas.

En cuanto a la organización del Estado, la nueva Constitución quedó floja, tal cual supuse.

Tres o cuatro funcionarios del partido gobernante moldearán el Poder Judicial vía la forma en que se configuró el Consejo Nacional de la Magistratura y el método de nombrar los jueces.

En aspectos electorales, la nueva Constitución refleja los intereses de los jefes políticos. Reelección indefinida para presidentes, seis años para legisladores y autoridades municipales electas en 2010, y más diputados (nacionales y del exterior) para mayor activismo y clientelismo político.

No es que la Constitución anterior fuera ideal. No lo era. Venía del autoritarismo balaguerista.

Mi argumento en contra de una nueva reforma se fundamentó en dos puntos.

Primero, antes de reformar la Constitución se necesitaba aprender a cumplirla. Los problemas dominicanos no derivan de tener malas leyes, sino de no respetarlas.

Segundo, para elaborar un texto que exprese el espíritu democrático, se necesitaba capacidad de proposición, discusión y construcción de consensos entre fuerzas políticas con relativa igualdad de poder.

Eso no existe en la República Dominicana actualmente porque la oposición política es prácticamente inexistente. El PLD absorbió al PRSC, el PRD navega sin rumbo, y la izquierda murió hace tiempo.

La sociedad civil, aunque algunos de sus representantes opinen en los medios, es pequeña y débil, y no tiene capacidad para negociar con los todopoderosos políticos. Sólo los empresarios y las iglesias tienen capacidad de presión.

Este es un territorio inhóspito para una reforma constitucional democrática.

En la medida que avanzó el proceso de reforma, a veces pensé: quizás ocurre un milagro y los peledeístas y perredeístas pactan una reforma que encarne los principios democráticos del siglo XXI. No ocurrió.

Es cierto que no hay Constitución perfecta. Eso no tienen que repetirlo sus arquitectos como justificación. Lo que no se logró y podía haberse logrado, es que la Constitución dejara abierta la posibilidad de futuras conquistas democráticas.

La nueva Constitución le pone un corsé anti-democrático a la democracia dominicana en asuntos fundamentales.

Dos puntos bastan para ilustrar: 1) anula la conquista futura de derechos reproductivos para las mujeres al establecer explícitamente que la vida comienza en la concepción, y 2)  especializa las funciones de las altas instancias del Poder Judicial, pero el partido que controle el Poder Ejecutivo dominará el nombramiento de los jueces de la Suprema Corte y del nuevo Tribunal Constitucional. Eso debilita la separación de poderes.

¡Tenemos Constitución! ¡Habemus Constitución! Nos falta democracia para cumplirla y mejorarla.