El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, garantizó que la reforma constitucional no se hará a imagen y semejanza de ningún poder político ni de nadie, sino que, por el contrario, recogerá el sentir de todos los sectores.

Al destacar que ese proceso se tomará el tiempo que sea necesario, dijo que se hará con absoluta transparencia y con la participación de la ciudadanía.

El representante de Santiago expresó que al proyecto de reforma sometido por el presidente Leonel Fernández se le introducirán varios elementos, entre los que destacan que la selección de la Cámara de Cuentas sea a través de una terna preparada por la Cámara de Diputados tal y como se estableció en la Constitución de 1963.

Asimismo, dijo que la nueva Constitución deberá contar con una reproducción de la enmienda 27 de la Constitución de los Estados Unidos, la cual consigna que ningún funcionario que maneje fondos públicos se aumente el salario ni el monto de sus fondos de pensiones.

Durante su participación en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio citó lo pernicioso que puede ser que, por ejemplo, un síndico apruebe el incremento salarial de los regidores, a cambio de que éstos les den el visto bueno a ciertos desatinos.

No podemos seguir permitiendo que en un país de pobres una persona logre una pensión millonaria, lo que ha hecho que algunos se enriquezcan legalmente, pero ilegítimamente .

Valentín manifestó que también se le harían modificaciones al esquema de organización del Poder Judicial concebido en el citado proyecto. Aunque el legislador no ofreció más detalles sobre ese aspecto, ese es uno de los puntos más controversiales porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) alega que la creación de un tribunal contencioso y administrativo y una sala constitucional debilitaría el Poder Judicial.

Con relación al aborto dijo que ese es un tema muy complejo que no está referido al aspecto constitucional.

Sin embargo, en un juego de ambivalencias al plantear las posiciones de los que defienden y rechazan el aborto- dijo que no hay propuesta conservadora que no tenga preceptos liberales ni viceversa, por lo que debe garantizarse que la norma se ajuste a las condiciones sociales y políticas de una nación.

El país es signatario de una convención interamericana de derechos humanos que dice que en general se protegerá la vida, lo que deja abierta la posibilidad de que el legislador de una generación de 10 ó 20 años pueda entender y auscultar si ha habido un cambio de valor en la cultura dominicana para hacer los cambios de lugar.

La crisis en el PLD. Aunque los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han tenido discrepancias con relación diversos proyectos que se someten en la Cámara de Diputados, la bancada peledeísta ha obrado unida como muestra de la cohesión del partido.

Con esa explicación, Valentín se refirió a las diatribas que sacuden al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la denuncia de varios dirigentes de que algunos de sus compañeros se han apartado de los principios bochistas en términos éticos.

El PLD debe manejar con cuidado el tema de las discrepancias internas, precisó.

Cuestionado sobre los efectos negativos que podría tener la falta de independencia de los legisladores del partido de gobierno, dijo que cuando hay intereses locales envueltos en las decisiones a éstos se les permite votar de manera indistinta.

El derecho que tiene cada legislador de representar a sus electores nunca le ha sido vulnerado, expresó Valentín al poner como ejemplo las posiciones disidentes de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) en temas sustanciales.

Respecto a la posibilidad de que la concentración de poder del presidente Fernández deteriore al partido por la falta de relevo en el liderazgo, negó que eso pueda ocurrir porque en el PLD existen organismos que desconcentran el poder.

Ojerizas con la descentralización. Valentín no está de acuerdo con los montos fijos del presupuesto que se les entregan a entidades descentralizadas, como es el caso de los ayuntamientos.

Los por cientos generan fondos para las autonomías, pero también un incentivo institucional para que algunas personas crean que pueden tener los ingresos de los funcionarios de alto nivel de las naciones desarrolladas.