Uno de los mayores avances en materia de la administración fiscal del Estado fue la promulgación en el pasado gobierno de una serie de leyes, encomiadas en el discurso del 16 de agosto por parte del Presidente, las cuales representan la oportunidad de una administración de los ingresos y gastos del sector público con transparencia y eficiencia.

En noviembre del 1996, en la primera gestión del presidente Fernández, se emitió el decreto 581-96 con el objetivo de diseñar un programa de administración financiera (PAFI), se obtuvo un financiamiento del BID, siendo aprobado dos años después por un Congreso de mayoría perredeísta, correspondiéndole a la gestión de ese partido la tarea de ejecución del programa, lográndose únicamente la promulgación de la Ley de Contabilidad Gubernamental (Ley 126-01).

En la segunda gestión del doctor Fernández se reinició la reforma de la administración fiscal y en el 2005 se aprobó la Ley de Tesorería, en enero del 2006 la Ley de Crédito Público, pero fue necesario esperar una mayoría congresional para lograr la aprobación de las leyes de las nuevas Secretarías de Hacienda y Economía, Presupuesto, Contratación Pública de Obras, Bienes y Servicios, Sistema Integrado de Administración Financiera y Control Interno y Contraloría.

Una de las piezas fundamentales de esta reforma de la administración fiscal lo constituye la Ley 5-07 que establece el Sistema de Administración Financiera del Estado, quedando como punto de agenda esencial el establecimiento en cada institución pública de una Dirección Administrativa Financiera (DAF) que debe coordinar su accionar con la Secretaría de Hacienda y los órganos rectores del SIAFE.

Herramienta tecnológica clave del SIAFE lo representa el Sistema de Gestión Financiera Fiscal (SIGEF) que entre otros va a posibilitar mayor transparencia en las operaciones fiscales del Estado y cuya implantación gradual en todas las instituciones es también una asignatura pendiente. La nueva Ley de Presupuesto (423-06), con las ejecuciones plurianuales y los proyectos de inversión definidos por la Ley de Planificación e Inversión, la Ley de Tesorería con la cuenta única para centralizar todos los ingresos del Estado, la Ley de Crédito Público, estableciendo un Consejo de Deuda Pública y por supuesto Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones, para reducir la corrupción, representas marcos fundamentales para una correcta administración de los recursos públicos.

La plena implementación de este conjunto de leyes y el cumplimiento por parte de todas las Secretarías e instituciones del sector público representaría la culminación de una  revolución fiscal, iniciada en el primer gobierno del doctor Fernández, y supondría una administración eficiente, transparente, racional de los recursos públicos y por supuesto un paso de avance en la lucha contra la corrupción y la pobreza.