Por Alfredo Cruz Polanco

Nunca como hasta ahora una reforma fiscal ha despertado y causado tantas inquietudes, preocupaciones, rubor y opiniones a favor y en contra, como la que por diferentes razones y circunstancias económicas, políticas y sociales, tendrá que someter al Congreso urgentemente al presidente de la República Luis Abinader Corona, la cual ya no puede posponer ni postergar, aún consciente de las tensiones sociales y del alto costo político que esta le pueda ocasionar a su gestión de Gobierno.

De ahí que algunos presidentes de América Latina, por tradición, toman estas difíciles y complejas decisiones al inicio del período gubernamental para que la sociedad la vaya asimilando durante todo el período de la gestión.

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La última reforma fiscal se aprobó hace más de 30 años pero se le hicieron algunos parches en el 2012 para tratar de curar una economía con grandes déficit, fruto del despilfarro económico, del derroche, del dispendio de los recursos públicos.

La presente gestión ha endeudado y continúa endeudando al país sin ningún criterio económico pues la misma ha sido mayormente para pagar los intereses de la deuda externa, para gastos corrientes (sueldos, publicidad, subsidios, pensiones, asesores, etc.), no para mejorar la calidad del gasto público, generar riquezas, ni para obras de desarrollo, mientras esta debe revisar la estructura tributaria completa del país, así como la modificación de otras leyes importantes, como la Ley 87-01 de la Seguridad Social y otras más.

La misma no debe enfocarse única y exclusivamente a crear nuevas fuentes de ingresos, como siempre ha sucedido; deberá corregir todas aquellas distorsiones e irregularidades existentes en nuestro sistema tributario que afectan a los sectores sociales que más necesitan que dicha reforma los proteja, pues esta no tendría sentido si no es para mejorar la calidad del gasto público.

Los sectores de bajos ingresos y de clase media se sienten muy indignados e irritados cuando observan que aún con una evasión fiscal de un 45%, se conceden grandes exenciones, exoneraciones y subsidios a sectores poderosos como Zona Franca, Turismo, Generadores Eléctricos, transporte, que ya no tienen razón de ser, mientras a los primeros se les castiga con pagar más impuestos. Es a la evasión fiscal que hay que enfrentar.

Según varios economistas expertos en materia de reformas fiscales, la República Dominicana ocupa el tercer lugar en evasión de impuestos de América Latina; somos el tercero más deficiente en el cobro del ITBIS.

Tenemos que aprender de los países que han sido eficientes en sus recaudaciones fiscales, que no han tenido la necesidad de someter una reforma fiscal para aumentar las mismas, como ha sido el caso nuestro.

Nuestro país cuenta con uno de los sistemas de fiscalización más deficientes, desigual e injusto de toda el área. Se debe tratar que los sectores de mayores ingresos sean los que más contribuyan al fisco, no los menos pudientes y vulnerables, como siempre ha ocurrido. Que así sea.