Hoy 
UBI RIVAS
La Constitución de la República Dominicana ha sufrido 37 reformas, y con la excepción de 1963 que propició el presidente Juan Bosch, ninguna delineó un proyecto de nación, sino de grupos, fácticos.
La primera Constitución, 06-11-1844, fue reformada dos veces ese mismo año, y se inició con el forcep de las lanzas y fusiles de la tropilla de Siño Pedrito, el terrible y pedestre general Pedro Santana, asomadas por ventanas y puertas del viejo caserón donde sesionó en San Cristóbal.
Los constituyentes, temerosos, añadieron el artículo 210, al que solo el legislador Buenaventura Báez se opuso.
Ese fatídico adendum confería al mayoral del Prado, arbitrio de haciendas y vidas, que inclusive fue designado primer Presidente de la República por el Congreso Constituyente, no por elecciones, conforme al artículo 205 que decía:
El Presidente de la República será electo por el Soberano Congreso Constituyente, que recibirá juramento y quedará instalado en su cargo, como en efecto asumió el 13-11-44, apenas ocho días de ser promulgada.
El introito para señalar la necesidad que el país requiere de que su Carta Magna sea reformada para que a su vez, lo sea el Estado, conforme a los requisitos del momento que nos obligan no solamente a competir, sino a ser civilizados e institucionales, ninguno de los tres aspectos que hemos asumido nunca.
Es a propósito también del parecer del presidente de la Cámara Diputados, doctor Julio César Valentín (PLD-Santiago), que externó el 21 de este mes la conveniencia de reducir la membresía de la Junta Central Electoral de nueve a cinco, y el parecer del suscrito es que debieran ser tres y electos por el pueblo, a juristas calificados sin filiación política conocida. Para empezar.
Reposa en la responsabilidad del presidente Leonel Fernández la misión de remitir al Congreso el proyecto de reforma del Estado, que naturalmente será a partir de su tercera gestión de agosto 16 de 2008 en adelante, porque a nadie en su sano juicio sereno y desapasionado podría pensar que el gobernante no ganará la lid comicial, es decir, la reelección.
Debido a que Leonel sabe que resultará imposible un cuarto intento, la ocasión le será asaz propicia para introducir profundas modificaciones y/o reformas del Estado, como el país regirse por un sistema unicameral, el Senado, y reducir las provincias a no más de once, y demasiado serían. Hoy, una barbaridad.
¡Cuántos cuartos se ahorraría el contribuyente que se destinarían a obras importantes de transformación integral, en vez de nutrir a legisladores que no acuden a sus curules y cobran como si asistieran!
Esos once senadores confeccionarían las leyes y abolirían muchísimas irritantes e inoperantes, y los dos partidos políticos que sobrevivirán a la justa comicial del año venidero, PLD y PRD, consensuarían y acoplarían mejor sus modus operandis para beneficiar a sus conciudadanos, no para usarlos y luego burlarse de ellos y frustrarlos y con ellos, al sistema.
Consagrarían un texto nuevo en la Carta Magna que prohibiera cambiar de nombre una provincia y consagrara prohibir la reelección para siempre, y así un gobernante podría retornar al poder luego de un cuatrienio.
Exigir al gobernante de turno cumplir y hacer cumplir la Ley 284-05 que regula la política migratoria del Estado y así conseguir deshaitianizar al país con unos dos millones de ilegales haitianos, un peligro terrible, un barril de pólvora que amenaza una tragedia ya anunciada muchas veces y a la que ningún gobernante hace caso.
Escoger por votación a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia, reputados juristas sin filiación política conocida, por un período de cuatro años, permitiendo la reelección de los que aspiren a continuar en su desempeño.
Seguiré con el tema.
