[b]1. Administración Pública[/b]

En este eje fundamental de una agenda social, proponemos rescatar la institucionalidad de los mecanismos de modernización del Estado y que su ubicación tenga sentido estratégico de dirección. Proponemos crear un organismo estatal que se encargue de dar coherencia y contenido estratégico a las reformas institucionales que se están desarrollando desde hace varios años. La creación de dicho organismo debe tener el propósito de convertirse en un mecanismo coordinador, desde donde establezca un Consejo Consultivo con la participación de los diversos poderes públicos y de la sociedad civil que alcanzara el consenso con relación a las reformas a impulsar en el Estado.

2. Proponemos acelerar la implementación gradual de la ley 14 91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, ya que la misma ha adolecido de lentitud y en ocasiones ha acusado un cariz político partidista, desnaturalizando la intención de la Ley y el propósito social que persigue.

3. En este mismo ámbito proponemos que la reforma urgente de la Ley General de Presupuesto y Gasto Público, que asegure la disminución efectiva de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de excedentes y trasferencia de partidas.

4. Proponemos la eliminación de la Liga Municipal Dominicana y su sustitución por un mecanismo institucional que sirva a la coordinación y fortalecimiento institucional de los cabildos. Se propone que se estudie a través de una comisión los mecanismos de apoyo técnico e intercambio entre los ayuntamientos, viendo como posibilidad, la misma Federación como unos de los instrumentos.

5. Proponemos crear instancias que sean interlocutoras entre la administración pública y la ciudadanía. En este caso se debería elegir el Defensor del Pueblo y darle vigencia total a la ley que crea dicha institución desde el 2001. Es preciso que la elección se haga con total transparencia, con participación de la ciudadanía y de que se le asigne los recursos requeridos.

II. Justicia, seguridad jurídica y Estado de Derecho

1. Expresamos la necesidad de institucionalizar la independencia presupuestaria de las instituciones del Sistema de Justicia.

2. Apoyar la propuesta del Presidente de la Cámara de Diputados que establece un incremento anual del presupuesto a la justicia de forma que se garantice la independencia de estas instituciones. Para establecer el respeto de las garantías, los derechos humanos y el debido proceso, proponemos que se garantice la implementación efectiva e integral de la Reforma Procesal Penal, cuya entrada en vigencia plena es el 27 de septiembre del 2004, dando importancia también a la reforma de Código Penal como forma de darle un redimensionamiento a la administración penal.

3. Propiciamos la ampliación y el fortalecimiento de los mecanismos de control constitucional, en manos del Poder Judicial, tales como el recurso de amparo y la acción directa en inconstitucionalidad.

4. Propiciamos la ampliación y el fortalecimiento de los mecanismos de control constitucional, en manos del Poder Judicial, tales como el recursos de Amparo y crear una Sala Constitucional como forma de ventilar la violación a las normas constitucionales.

5. Debe ser declarada como prioridad la adecuación normativa de todas las materias actualmente comprendidas en los Códigos Civil y Comercial y de sus procedimientos respectivos, ya que los mismos representan graves obstáculos para el desarrollo de las actividades propias de una sociedad moderna tanto en el plano local como internacional. Asimismo, propiciar la aprobación del Código de Ordenamiento de Mercado, Ley de Modernización de Aduanas, Ley de Fideicomiso, de Registro Inmobiliario, la Ley General de Agua, de eliminación de Factura Consular y las referidas a la sanción de los delitos electrónicos.

6. Garantizar la efectiva implementación del Estatuto del Ministerio Público, para su efectiva profesionalización e independencia, con apego a la ley, y eliminar la influencia política partidaria del Ministerio Público a partir de la implementación de la Carrera como forma de fortalecerlo.

7. Revisar la recientemente aprobada Ley de Reforma a la Policía Nacional, que tome en consideración la adopción de controles ciudadanos adecuados y la armonización de la misma con las disposiciones del Código Procesal Penal, e impulsar una reforma que desmilitarice el organismo policial y que se especialice la policía judicial.

8. Propiciar que el Poder Legislativo vote favorablemente el proyecto de ley que crea el sistema nacional de defensa pública y que se haga efectivo el compromiso del Poder Ejecutivo para asignar los fondos correspondientes en el Presupuesto Nacional.

9. Proponemos que se destaque como una prioridad nacional la modernización y humanizacíon del régimen penitenciario dentro del marco de las garantías constitucionales y los Derechos Humanos.

10. Por otro lado, entendemos que la carrera Judicial debe fortalecerse y que se deben esclarecer las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura Garantizar herramientas que fartalezcan la carrera judicial y que nos amplíen los poderes de dicho organismo por fuera de lo que establece la Constitución, estableciéndole límites claros a sus prerrogativas y facultades.

11. Expresamos la necesidad de institucionalizar la independencia presupuestaría de las instituciones del Sistema de Justicia.

[b]III. Fortalecimiento Electoral[/b]

1. El fortalecimiento del organismo electoral juega un papel de gran importancia dentro de un sistema democrático de derecho, por lo que se propone la institucionalización tanto de la JCE como de las Juntas Municipales, a través de fortalecer el Servicio Civil, la elaboración de un código de ética electoral y modernizar y automatizar el Registro civil (Padrón Electoral), implicando a las oficialías.

2. Proponemos que se complete la implementación de la Reforma Electoral que ya se ha iniciado, pero no se ha puesto en ejecución total. Dos de los grandes ejes que faltan por implementar son el Voto Preferencial al nivel Municipal y el Voto en el exterior.

3. Que en el futuro la selección de los miembros de la Junta Central Electoral sea realizada por el Senado de la República el método del consenso y respetando el perfil del juez electoral que sea previamente definido, con la finalidad de evitar la falta de credibilidad del organismo electoral que tantas dificultades ha ocasionado desde el 1998, y que se establezca la inamovilidad en la institución electoral, igual que en el Poder Judicial para garantizar su independencia, y que de esta forma se implemente la carrera civil y administrativa con el organismo comicial.

4. Reclamar a la Junta Central Electoral la supervisión del cumplimiento de la Ley Electoral que establece que la campaña electoral debe limitarse a un período de tres meses antes de cada elección. De igual manera solicitar a la Junta Central Electoral que reglamente las campañas de las primarias de los Partidos con la finalidad de limitarla a un plazo de dos meses y exigir que se contemple que fuera de ese período los partidos no podrán hacer movilizaciones ni usar pancartas ni afiches en la escogencia de sus candidatos.

5. Apoyar la labor realizada hasta la fecha por la Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral, y valorar positivamente la necesidad de que dicha Comisión continúe con su labor de apoyo. Reclamar a los actores electorales, incluyendo a Partidos y autoridades, el cumplimiento de los acuerdos a los que se pueda arribar para facilitar la organización y celebración de unas elecciones diáfanas que contabilice de una manera imparcial y fiel la voluntad popular.

6. La JCE debe ser un organismo de alta credibilidad pública y debe jugar su rol. En tal sentido se recomienda hacer una evaluación y revisión de ley electoral ya que la estructura de la junta en una Cámara contenciosa y otra administrativa no ha sido funcional.

7. Aprobar una ley que regule la financiación de las actividades políticas y electorales que incluya la fijación de montos y el establecimiento de mecanismos de información y transparencia sobre la procedencia de las donaciones y el uso de los fondos, así como los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades electorales. Esta ley deberá regular también los aportes de carácter no numerario, como las contribuciones en especie, la concesión de espacios en los medios de comunicación y otras modalidades de promoción política.

[b]IV Sistema de Partidos de la República Dominicana[/b]

1. Proponemos la elaboración y aprobación de una ley de partidos políticos que regule de manera moderna todos los aspectos relativos a la participación de dichas agrupaciones (financiamiento, vida interna, promoción, donde se le pongan límites legales a los aportes privados para las campañas electorales de los partidos políticos y candidatos).

2. Que todos los partidos políticos puedan gozar de tiempo en los medios electrónicos y escritos para promover sus candidaturas, evitando que los candidatos que cuenten con mayores recursos aplasten a los de menores posibilidades económicas.

3. Que la elección a puestos electivos no sea solo facultad de los partidos políticos, sino que desde la ciudadanía se puedan presentar opciones diferentes.