Para que se considere que existe democracia plena en un país, deben coincidir varias características, siendo las principales: (i) elecciones en equidad, libres, transparentes y periódicas, (ii) libertad de expresión y de libre asociación, (iii) alternabilidad en el ejercicio del poder, y (iv) respeto a las minorías. Cada uno de estos elementos es amplio y complejo y. sin duda, el grado en que dichas características existan en cada nación determinará el nivel de desarrollo democrático en el que se encuentra. Para los fines de estas líneas, nos concentraremos en la primera característica listada.
En la República Dominicana hay elecciones periódicas, pero no son libres ni transparentes. Para que sean libres, debe cada dominicano decidir por quién votar sin que sea constreñido por violencia física o violencia económica. Así como no se consideraba libre el voto que se “ejercía” en décadas pasadas ante el cañón de un fusil, tampoco lo es el realizado actualmente bajo la amenaza de eliminar la línea de subsistencia alimenticia y económica de la persona. Además, para que haya libertad en las elecciones, también deben los candidatos competir en equidad de condiciones, característica que no se refleja en la realidad dominicana.
Mientras los procesos electorales dominicanos estén ausentes de equidad en la competencia, y donde el voto esté condicionado a la violencia económica en que se encuentra el elector al tener que decidir entre medios de subsistencia o libre ejercicio del voto, los problemas de corrupción e impunidad, lejos de resolverse, se agravarán. Esta es la línea conductora que nos toca aclarar y que algunos se niegan a ver. Es en los procesos electorales donde se construyen complicidades que garantizan impunidad ante hechos violatorios a la ley. El que detenta la posición electiva lograda sin equidad y sin libertad plena, impide la transparencia, puesto que solo así garantiza su permanencia en el poder. No importa cuántas manifestaciones se hagan, la voluntad política nunca se alineará ante el reclamo nacional, puesto que significa un suicidio político para el compromisario de la ilegalidad.
Es por ello que debemos enfocarnos en mejorar e institucionalizar en democracia nuestro sistema electoral, reclamando que se establezca legalmente un tope máximo de uso de recursos económicos en las campañas electorales, debiendo estas tener una corta duración, evitando así el despilfarro que se produce cada cuatro años. Que se identifique el origen y uso de estos recursos económicos para eliminar el impacto del dinero ilícito en el sistema democrático dominicano. Requerir la penalización de la compra y oferta en venta del voto, garantizaría mayores niveles de libertad real.
Para evitar la invasión constante de propaganda que sufre la ciudadanía y garantizar el acceso equitativo a la misma de todas las candidaturas, se debe establecer una servidumbre del espectro radioeléctrico en horarios especiales en todos los medios de comunicación, siendo en estos exclusivamente donde puedan presentarse las propagandas y propuestas políticas. Igualmente, debe establecerse la obligatoriedad de los debates. Y sobre todo la instauración de un régimen de consecuencias para que quienes quebranten estas reglas electorales sean penalizados.
Estas soluciones están diseñadas para que la ventaja económica y de poder político momentáneo, no determine previamente el resultado electoral, sino que la libre decisión de la población se imponga y, con el temor de pagar la factura en las elecciones siguientes, nuestros gobernantes se vean obligados a dirigir la nación con transparencia e integridad, sin importar quién nos gobierne.
Debido a que la actual correlación de fuerzas políticas se niega a implementar dichas reformas, es una responsabilidad de toda la ciudadanía dirigir de manera específica la lucha en esta dirección. Solo mediante la concentración en puntos como estos que reformen el sistema electoral y democrático dominicano, podremos dar un paso firme en la erradicación de la impunidad en nuestro país.