JESÚS DE LA ROSA
La población estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo registra una tasa muy alta de retiro de asignaturas por semestre (47.8%) y un índice muy bajo de aprobación de materias por período lectivo (40%). Esas perversidades se deben a que las oportunidades de tener acceso a una enseñanza secundaria de calidad aquí se reparten de manera muy desigual. El país cuenta con algunos liceos públicos muy bien dotados y servidos por buenos maestros que gradúan bachilleres con los conocimientos y las habilidades necesarias para cursar estudios en cualquier universidad como los liceos Víctor Estrella Liz, Unión Panamericana y Estados Unidos, los experimentales de la UASD, INTEC y UNPHU, y los politécnicos estatales regenteados por órdenes religiosas; pero, esos planteles no disponen de cupo suficiente para atender la demanda.

La enseñanza que aquí se imparte en algunos colegios privados es de una  calidad tal que los bachilleres egresados de esos planteles pueden optar por estudiar en cualquier universidad del país y del exterior. Nada especial, si tomamos en cuenta que la inversión anual por estudiante en esos colegios es de alrededor de 150 mil pesos, es decir, 300% más que lo que anualmente invierte el Estado dominicano en cada estudiante de liceo público.

En una prueba de conocimientos aplicada a una muestra de 11 mil 39 bachilleres que deseaban cursar estudios en la UASD nos encontramos con que apenas un 38% de ellos poseía los conocimientos y las habilidades mínimas requeridas para cursar estudios superiores. ¿Qué hacer con el 62% restante? ¿Impedir que se inscriban?.

Si la educación que reciben todos los estudiantes de los liceos públicos del país fuera de la misma calidad de la que reciben los estudiantes de los liceos Panamericano, Estrella Liz, Estados Unidos, Experimentales de la UASD, INTEC, UNPHU, las autoridades de la UASD cortarían por lo sano; y, simplemente, aceptarían a aquellos bachilleres que aprueben el examen de ingreso. Pero, como ése no es el caso, han optado por lo justo, por ofrecerles a esos estudiantes la oportunidad de llenar las lagunas de un mal bachillerato a través de un programa de recuperación.

El costo de un programa de recuperación es bastante elevado por lo que debería ser cubierto con fondos especiales para no menguar las partidas presupuestarías destinadas al financiamiento de las carreras profesionales.

Con una inversión de 750 millones de pesos, el presidente Leonel Fernández dejó iniciado, el 3 de agosto recién pasado, los trabajos de construcción del primer colegio comunitario que estará ubicado en el kilómetro 14 de la Carretera Mella.

¿Qué diferencia podría haber entre un colegio comunitario y un instituto politécnico como el Loyola o como el Máximo Gómez?.

Ninguna, a nuestro entender.

Construido en un área de 62 mil metros cuadrados, el colegio comunitario de San Luis contará con 10 edificios de aulas y un anfiteatro. El mismo tendrá capacidad para recibir 4 mil estudiantes -estimamos que para mucho más- y ofertará gratuitamente carreras técnicas de dos años de duración.

Concebidos como instituciones de educación superior, los llamados colegios comunitarios vendrían a ampliar las oportunidades de los jóvenes de cursar estudios a ese nivel.

Sabemos que es en las universidades donde se forman los profesionales, los artistas y los técnicos superiores; y que los institutos politécnicos y los colegios comunitarios orientan sus enseñanzas hacia la capacitación de manos de obra especializadas. Pero, no debemos pensar que la universidad es para los que tienen y los institutos politécnicos o colegios comunitarios para los que no tienen; debemos encaminar nuestros esfuerzos hacia la estructuración de un sistema de educación superior que les ofrezca a todos los jóvenes -ricos, menos ricos y pobres- las mismas oportunidades de recibir en una universidad o en un politécnico o comunitario una educación que les permitan triunfar en la vida.

Si en ocasiones hemos consentido en reformar la Constitución de la República para complacer la apetencia de poder de un individuo o de un grupo, ¿por qué no hacerlo para un propósito más noble como el de ampliar las oportunidades de educarse de nuestros jóvenes?

En la Constitución de la República está consignado la gratitud tanto de la educación primaria y secundaria, como la que se ofrecen en las escuelas agronómicas, vocacionales, artísticas, comerciales, de artes manuales y de economía doméstica.

Nos preguntamos: ¿por qué no introducirle una nueva reforma a la constitución para que, al igual como sucede con la Constitución Mexicana, Argentina y Cubana, y con otras de las constituciones de los países de la América española, quede consignado en la misma la gratitud de la enseñanza pública en todos sus niveles y modalidades, incluyendo el nivel superior?

Así, los estudiantes de la UASD, al igual que los de los institutos navales y militares y los de los colegios comunitarios, no tendrían que pagar por cursar estudios en la más vieja Universidad del Nuevo Mundo.

Los más de 3 millones de pesos que el gobierno de Leonel Fernández está invirtiendo en la UASD servirían para dotar a esa Alta Casa de estudios de una sólida infraestructura en la que se sustentaría el proceso de reformas que sus autoridades pretenden llevar a cabo. Cuando el proceso de reformas termine, la UASD deberá contar con catedráticos, difusores e investigadores de mucho más nivel que los que tiene en la actualidad.

Sabemos que muchos académicos y administradores de la UASD cursan estudios especializados de maestría y doctorado a modo de encarar el reto de lo que hoy significa ser catedrático universitario; pero, también sabemos de algunos que pretenden, amparándose en la llamada carrera académica, seguir enseñando lo mismo y de la misma forma en como lo han venido haciendo desde su ingreso a la academia hace ya muchos años.