Los medios de comunicación informaron el día siete del presente mes de octubre, que el gobierno dominicano suscribió una carta de intención con el FMI para obtener un empréstito por US$1,700 millones, traducido en moneda nacional a RD$61,200 millones,  para enfrentar los déficits y orientarlos a la inversión pública.

Consecuencia del desastre financiero conocido por la aldea planetaria originado en USA por los créditos basura del sector inmobiliario y los “activos tóxicos” un eufemismo de bandidaje de las altas finanzas, nuestro país no podía salir ileso de esa tragedia económica descomunal.

Es el propicio momento y coyuntura para el presidente Leonel Fernández concretizar una reforma financiera y una disminución del gigantismo estatal improductivo, considerando  manejarnos con un Congreso unicameral, eliminando a 178 diputados que en cuatro años se tragan RD$24,654.7 millones a razón de RD$342,568 mensual cada diputado. Manejarnos con 31 senadores que sobran también y lo correcto sería un consejo de tres juristas que elaboren las leyes.

Reducir a tres los jueces de la SCJ y tres la JCE. Suprimir las EDES y la dichosa Superintendencia de Electricidad y desempeñarnos sólo con la CDEEE.

Recortar en un 75% los subsecretarios y el servicio exterior, sobrante. Integrar la dirección Forestal a Medio Ambiente.

Convertir los repartos de tierras del IAD en proyectos sociales integrales como en Japón, Taiwán y el Estado israelí.

Reducir las FFAA a cinco batallones en la Primera Brigada, Dajabón, Santiago, El Seybo y Barahona, y la FAD en Puerto Plata, Samaná, Higüey, Pedernales y Montecristi con respectivos helipuertos. Preservar destacamentos de la MdeG.

Eliminar la LMD y anexarla a la Secretaría Administrativa de la Presidencia y la Secretaría de la Juventud integrarla a Interior y Policía.

Si el Presidente no introduce estas reformas, quien lo suceda las hará.