Por razones de mucho peso, la República Dominicana está compelida a efectuar una reforma fiscal profunda.

Lo está, en primer término, porque esa reforma está contenida en el recetario del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de los ajustes inherentes al acuerdo de saneamiento.

Lo está, también, porque la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica obliga a que, de un golpe y de inmediato, quede eliminado el cobro de la comisión cambiaria, que representa mas de RD$21,000 millones del total de los ingresos del Estado, y a partir del 2006 un desmonte arancelario gradual que en prima fase restará RD$2,600 millones a esas entradas.

Con semejante recorte en sus entradas, el Gobierno tiene que ingeniárselas para compensar el importante déficit fiscal y ponerse en condiciones de hacerle frente a todas sus obligaciones, internas y externas, y completar sus compromisos con el FMI.

-II-

Si algo queda claro es que la eliminación abrupta de la comisión cambiaria obligará a una reubicación de los blancos de la presión fiscal y, por supuesto, una mayor eficiencia en la captación de los impuestos.

Por ejemplo, hay que tener en la mira que el fisco solo recibe poco más de un 50% del cobro del Impuesto a la Trasferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itebis), situación que hay que revertir en aras de compensar el déficit fiscal.

Hay quienes proponen la generalización de la base de aplicación del Itebis, de manera que afecte a todos los renglones transferibles, pero a partir de una reducción de su porcentaje, que actualmente es de un 16%. Esta variante, según sus defensores, compensaría el déficit que provocaría la supresión de la comisión cambiaria, que es de un 13%, y en parte el desmonte gradual de los aranceles.

-III-

Sea cual fuere la fórmula que se adopte para compensar el déficit de ingresos, toda reforma fiscal deberá incluir entre sus objetivos una afinación del tino en el uso de los ingresos, en la identificación de las prioridades nacionales, y un rediseño juicioso del gasto público, que en el presente deja mucho que desear por su orientación y volumen.

La redistribución de la presión fiscal no puede, en modo alguno, representar un agravamiento del deterioro en las condiciones de vida de cientos de miles de familias de bajos ingresos, ubicadas en las zonas más deprimidas de la línea de pobreza.

La evasión de casi un 50% del Itebis, que ha sido una falta de eficacia confesada por las autoridades, es una muestra de que el primer blanco de la reforma fiscal tiene que ser la corrección de las fallas que han permitido este desvío de sumas importantes pertenecientes al erario.

Otro blanco de la reforma debe ser la evaluación crítica de los planes de inversión, sobre todo aquellos que comprometerían al Estado en costosísimos megaproyectos cuya construcción, hasta prueba en contrario, no cabría entre las prioridades del momento.

La reforma fiscal es ineludible, en el mismo grado que lo es mejorar la eficiencia del Estado y apuntalar los soportes de la misma gobernabilidad.