POR CLAUDIO CABRERA
La reforma fiscal, que deberá ser adelantada ante la inminencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), tal como han informado las autoridades dominicanas, está como caña para el ingenio y a todo vapor. Por eso ha sonado como un trabuco la indicación de que el país debe adelantar dicha reforma, en vista de que ya el Congreso estadounidense dio un primer paso con la acogida de la pieza a través de su comisión de Finanzas.

A tal grado ha llegado la preocupación entre autoridades y el sector productivo con el TLC a la vista, que los términos de la nueva reforma fiscal para eliminar la Comisión Cambiaria, variar el arancel y otros aspectos de la legislación tributaria, serán llevados a discusión ante la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), para ser debatido en el Diálogo Nacional, a partir de la semana que viene.

Los trabajos de coordinación para arribar a una conclusión y emitir una reforma consensuada entre el sector público y el privado, acogiendo una mayor competitividad para la producción local, están siendo coordinados por el secretario Técnico de la Presidencia, ingeniero Temístocles Montás, según trascendió. Para estos fines, Funglode complementó los servicios técnicos con la «Fundación Semper», con miras a establecer las propuestas de políticas que sirvan de base a los debates.

Según manifestaron directivos empresariales, en estos momentos la principal preocupación reside, sobre todo, en la tremenda bronca armada a nivel de los grupos interesados en la concreción de mejores condiciones del Tratado de Libre Comercio, atado irremediablemente al destino de la próxima reforma fiscal.

¿Cuál es la causa? Aparentemente, el Congreso Nacional mantuvo engavetadas recomendaciones hechas desde principios de mayo para estudiar seis propuestas de nueva legislación, a fin de remover las obsoletas leyes impositivas que impiden la competitividad de los productores locales frente a los de Centroamérica.

La primera reacción, tras la sorpresa de que aún no se habían colocado en agenda las recomendaciones de los seis proyectos de leyes ante el Congreso, para imprimirles competitividad a los productores dominicanos, fue la sorpresa con que se hallaron los empresarios al saber que el país definitivamente tendrá que accesar en las mejores condiciones al TLC.

Esos seis proyectos de leyes son los que fueron sometidos desde el 3 de mayo ante los legisladores, con el fin de que se puedan lograr medidas oportunas que eviten el colapso de la empresa nacional, comenzando con el despido de cerca de 400,000 empleos.

Los seis proyectos enviados desde mayo de este año y no conocidos son uno propuesto por la Asociación de Industrias de la República (AIRD) y aceptado por el empresariado, relativo a la necesidad de mayor equidad fiscal.

Un segundo proyecto está relacionado a la industria farmacéutica y se refiere a la necesidad de modificar la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Un tercer proyecto trata sobre la creación de un Programa de Apoyo Directo al Productor Agropecuario (Proagro), promovido por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y otro elaborado por la ARAPF sobre la necesidad de reformar completamente la Ley 20-00 para corregirlo y adecuarlo al RD-Cafta.

Asimismo, un proyecto para crear un Comité de Emergencia Agropecuaria que incluya apoyo directo a productores, así como otro relativo a la representación y distribución de bienes y servicios.

Sobrecarga tributaria

Si se considera vital para el desempeño futuro de la economía del país, el adaptarse a la nueva realidad globalizada a través del TLC, también lo es parejamente mucho más conocer hasta qué punto todos los productores en distintas áreas y en diferentes escalas podrían estar en condiciones de adentrarse en dicho acuerdo, sin que las empresas resulten lesionadas por falta de competitividad.

Por esta causa, desde hace meses los empresarios vinculados al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a la AIRD, a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y a otras entidades, han venido requiriendo la necesidad de una profunda reforma fiscal que coloque en situación de paridad los costos que regularmente asumen las empresas dominicanas, al ser comparadas con las de Centroamérica.

Estudios comparativos que ha efectuado la AIRD revelan que los costos de las empresas dominicanas son relativamente mucho más elevados que las de los países centroamericanos, lo cual indica que con su entrada inmediata, el país tendrá un saldo negativo producto de la apertura que propiciará el nuevo marco comercial subregional.

Apoyándose en esta idea, la AIRD planteó, entre otras cuestiones, en un anteproyecto sometido ante el Congreso en calidad de propuesta, «que la competitividad del sector productivo nacional se encuentra actualmente amenazada por la existencia de políticas fiscales anti exportadoras y por una sobrecarga tributaria».

De acuerdo a lo explicado por la directora ejecutiva de la AIRD, doctora Circe Melgen, «lo que busca el empresariado es una reforma fiscal integral, la cual debe estar aprobada antes de que el acuerdo RD-Cafta sea aprobado para beneficio del país».

La ejecutiva de la AIRD plantea que es una necesidad que el país pueda poner en situación de competir a todo su sector productivo, pues de lo contrario la integración sería una ficción.

Asegura que los países de Centroamérica, en materia de costos, sobrellevan mucho a los dominicanos, debido a las tantas distorsiones que confronta el aparato productivo nacional y a las trabas de todo tipo que impiden que podamos permanecer en situación de igualdad.

Este proceso, sostuvo, debe ser asumido en dos etapas, en las que sobresale la primera que consiste en la necesidad de un acuerdo preliminar sobre las medidas a ser adoptadas para competir, y, en segundo lugar, aprobar una reforma que cambie ya la estructura fiscal del país, en vista de que el modelo dominicano está ya obsoleto.