Hoy 
ROSARIO ESPINAL
Integral, neutral y consensuada. Así se dice será la próxima reforma fiscal. De lograrse estos tres objetivos, la reforma del 2005 pasará a los anales de la historia tributaria y el país deberá patentizar esta fórmula armoniosa de negociar la asignación de impuestos. Porque en la realidad, las reformas fiscales son parcializadas. Generan ganadores y perdedores, aunque sean pactadas para reducir tensiones o prevenir grandes conflictos.
Veamos la situación actual en el país.
Los productores nacionales, agrícolas e industriales, piden que se desgrave el proceso productivo porque se enfrentarán a la competencia con productores de los países desarrollados. Su argumento es que con altos gravámenes locales no serán competitivos en el nuevo esquema de apertura comercial que se avecina.
Como consumidores, los sectores de mayores ingresos, entre los cuales se encuentran los empresarios, tienden a oponerse al establecimiento de altos impuestos selectivos al consumo de objetos no básicos (automóviles de lujo, bebidas importadas). Y como dueños de riqueza, los más ricos tienden a oponerse al aumento del impuesto a la propiedad inmobiliaria, al ingreso y a las ganancias corporativas.
Además, cuando el Estado trata de recaudar impuestos del sector empresarial, incluso aquellos como el ITBIS que cobran los comerciantes a los consumidores, algunos se sienten asediados y maltratados aunque ellos mismos estén en falta por retener impuestos indebidamente.
No olvidemos tampoco que hay empresarios muy privilegiados, como los de zona franca y turismo, que amenazan con emigrar o simplemente emigran a otros países si se les grava. Para estos grupos ha existido fundamentalmente un régimen de exención tributaria.
Si los distintos grupos empresariales son complacidos en sus demandas de exenciones tributarias, pocos serán los impuestos que recolectará el Estado de ese sector.
La clase media, por su parte, vive angustiada por la pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos. Asignarle nuevos impuestos significaría limitar aún más su capacidad de consumo. Sobre este sector recae, lamentablemente, mucha de la carga impositiva que evaden los ricos y no pueden pagar los más pobres.
Cuando se oye decir actualmente que todos los caminos de la reforma fiscal conducen al ITBIS, se debe a que los impuestos se han desplazado hacia las capas medias después que el comercio exterior dejó de ser la fuente mayor y más segura de ingresos tributarios. Por eso, del 1984 al 2004, el ITBIS se fue elevando hasta llegar a su nivel actual de 16%.
Aumentar la tasa del ITBIS no parece ser opción políticamente aceptable en estos momentos, por lo cual, se habla de extender la base del ITBIS; es decir, gravar productos de consumo que todavía están exentos.
En este contexto, la búsqueda de consenso en las negociaciones parece dirigirse a determinar si la pasta de dientes o el jabón de baño deben gravarse o no. Si el café o los pampers son parte de la canasta familiar básica.
Pero mientras se evalúan las listas de productos en el Diálogo Nacional y en los medios de comunicación, no hay que perder de vista que habrá ganadores y perdedores en la próxima reforma fiscal.
El FMI quiere una reforma tributaria para asegurarse que el gobierno tenga dinero suficiente para pagar sus deudas, aumentadas significativamente en los últimos años con los bonos soberanos y otros endeudamientos externos e internos. Los que impulsan el capitalismo global quieren apertura de mercados sin aranceles para que el capital y el consumo abarquen todo el planeta. Los empresarios quieren reforma para recibir exenciones y así tratar de ser más competitivos en el nuevo comercio internacional sin aranceles. Las capas medias desean exenciones impositivas para mantener su estatus social, siempre vulnerable en economías de precaria estabilidad como la dominicana. Y los pobres, que en República Dominicana son la mayoría, no deberían cargar por cuestión de supervivencia con impuestos al consumo.
Pero el Estado, con sus funciones, funcionarios y políticos, necesita que lo mantengan para cubrir sus gastos, adecuados e inadecuados. Entonces, ¿quiénes cargarán con la manutención del gobierno en esta nueva reforma fiscal?
Para que la reforma sea integral, como ahora se demanda, el Estado debe evaluar meticulosamente todas sus fuentes de ingresos, ser más eficaz y eficiente en el gasto público, más justo en las cargas impositivas, y más enérgico en el cobro de impuestos.
Para que sea neutral, no es suficiente sustituir un impuesto por otro que genere igual recaudación, sino evaluar las opciones en función de la capacidad de pago de cada sector social, de manera que no se grave más a quienes menos pueden pagar.
Para que sea consensuada, hay que convencer a los perdedores de que había que perder, de manera que no protesten demasiado. Tarea difícil, pero justa si se grava más a quienes más tienen, e injusta si se grava a quienes menos tienen.
