El país necesita una reforma fiscal integral, concebida tomando en cuenta todas las variables posibles en materia de tributación. La estructura tributaria actual es arbitraria y obsoleta, desfasada de la actualidad. Por ejemplo, penaliza el consumo y no la capacidad adquisitiva, a pesar de que la proporción a pagar por el Itbis no representa lo mismo para todos las escalas de poder adquisitivo. Y cuando se habla de exención fiscal, por lo regular se piensa en lo que se exonera al empresario para generar empleo y riqueza, no en los topes salariales exentos del Impuesto sobre la Renta.
La estructura fiscal que necesitamos debe partir de una distribución equitativa de la carga tributaria en el universo de la Población Económicamente Activa (PEA). Debe partir de una simplificación de las escalas tributarias para que el pago de impuestos esté al alcance de todos. La composición de la estructura actual induce a la evasión y empuja a la informalidad. Por eso es tan significativa la tajada del PIB que corresponde a la economía informal.
Pero el país necesita también una reforma fiscal que garantice al contribuyente un mejor retorno de sus tributos en términos de atenciones de parte del Estado. Más y mejor seguridad ciudadana, óptimos servicios de salud y transporte, fortalecimiento institucional y garantías de respeto a la ley. Esa debe ser la meta de la reforma fiscal.

Cuidar  los bienes del Estado

Las autoridades de turno tienen que cuidar con absoluto celo las propiedades del Estado, y preservarlas de ser convertidas en botín de grupos o personas. Y en esa virtud, es bien recibido el anuncio hecho por el procurador general Francisco Domínguez Brito, de que someterá a la justicia a quienes se han repartido aproximadamente un millón de metros cuadrados en La Barranquita, de Santiago.
La propiedad del Estado no puede estar a merced de gente que pretende apropiarse sin ninguna legitimidad y recurriendo a procedimientos fuera de ley. El Ministerio Público concluyó una investigación cuyos resultados aconsejan poner en manos de la justicia la ocupación de esos terrenos y en esa decisión no debe haber transigencia. La protección del bien público hay que llevarla hasta las últimas consecuencias.