En el artículo de la pasada semana (¿Justificaciones para una reforma fiscal?), decíamos que del lado del ingreso una reforma se justifica para reducir la deuda pública consolidada, fortalecer la sostenibilidad fiscal, pero del lado del gasto el Gobierno debe asumir con la gravedad que amerita el “hoyo negro” de las pérdidas de las EDES (US$1,600 millones anuales, equivalentes al 1.3% del PIB), mejorar la calidad del gasto para que todo aumento de la presión tributara sea dirigido a mejoría en la salud, seguridad ciudadana e inversión publica; pero también una reforma integral con miras al futuro puede convertirse en un instrumento para la transformación del actual modelo económico.

Siempre se ha señalado que la reforma fiscal de 1991-1992 ha sido la más exitosa, porque redujo las tasas impositivas, aumentó la presión tributaria y junto a las leyes de estímulos al turismo y las zonas francas y la flotación administrada del tipo de cambio, creó las condiciones para sustituir el modelo de exportación de bienes primarios por una economía cuyo sector externo estaba fundamentado en los servicios, al margen de que se mantuvieron exportaciones agropecuarias e incluso industrial con algo de valor agregado.

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Aunque en las décadas siguientes se aplicaron “parches tributarios” , hay que reconocer la reforma financiera posterior a las quiebras bancarias (2004-2008) impulsó un sector financiero estable, con liquidez, patrimonio, solvencia y cumplimiento de normas de calidad mundial.

También la Reforma de la Hacienda Pública (2004-2008) con un conjunto de leyes permitió al gobierno contar con el marco legal y los instrumentos tecnológicos (como el Sistema de Gerencia Financiera, SIGEF) para modernizar la administración fiscal.

Estas tres reformas y la estabilidad política y social permitieron que entre 2004 y 2019 el PIB medido en US$ se multiplicara por 3.83, pasando de US$23,186.6 millones a US$88,906.1 millones, mientras, el per cápita se multiplicó por 3.28, pasando de US$2,617.7 millones a US$8,583.1 millones.

El modelo de turismo y zonas francas puede seguir contribuyendo a generar más divisas y empleos, por cierto mal remunerados, pero el país tiene que abocarse a una transformación del modelo económico dando el salto a las industrias tecnológicas como procesadoras de chips, softwares, inteligencia artificial y otras más aprovechando la oportunidad del nearshoring, resultado de la experiencia en la interrupción de la cadena de suministros posterior a la pandemia y ante la inevitable guerra comercial entre los EEUU y China.

Para estimular esa transformación del actual modelo económico, la reforma fiscal debe convertirse en un instrumento, reduciendo gradualmente las exenciones a los sectores maduros y trasladarlos a estos sectores que garantizan una mayor rentabilidad exportadora y empleos con mejor remuneración, también en ese nuevo modelo es necesario estimular las startups con exenciones fiscales y financiamiento barato.

El actual modelo exportador, incluyendo la minería que no se ha explotado en toda su potencialidad, no garantiza los empleos bien remunerados imprescindibles para un mayor bienestar de la población y un círculo virtuoso de aumento de la demanda en otros sectores de la economía y mucho menos generar las divisas indispensables para reducir el déficit endémico en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

La presente administración con esa reforma fiscal, no la de aumentar ingresos para contar con mayores recursos para un gasto improductivo, tiene una gran oportunidad para transformar el modelo económico y facilitar el salto a un nuevo estadio de crecimiento con estabilidad y desarrollo.